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Nueva Ley de Tránsito

Cuáles son los cambios que introdujo en licencias, VTV, importación de autos y peajes

El decreto 196/2025, publicado en el Boletín Oficial, introdujo una reforma integral a la Ley Nacional de Tránsito 24.449, que abarcó desde el formato y la tramitación de las licencias de conducir hasta modificaciones en la importación de vehículos, la verificación técnica (VTV) y el sistema de peajes en las rutas nacionales.

La normativa estableció que la Licencia Nacional de Conducir adoptara un formato digital, válido en todo el país a través de la aplicación Mi Argentina. La versión física se mantuvo de forma opcional para quienes la solicitaran, sin fecha de vencimiento. La actualización del estado psicofísico se realizó de manera remota mediante un certificado emitido por profesionales habilitados, tanto públicos como privados. En este contexto, los conductores menores de 65 años debieron renovarla cada 5 años, mientras que quienes tenían entre 65 y 70 años lo hacían cada 3 años, y los mayores de 70 debieron renovarla anualmente. Se eliminó, además, la obligación de renovar la primera licencia al cumplirse el primer año, salvo en casos de infracciones graves durante los dos primeros años, que exigieron la aprobación de un nuevo examen teórico-práctico.

En cuanto a los trámites, se simplificó la renovación de la licencia en situaciones de cambio de domicilio, ya que ya no fue necesario reemitir el documento cuando el conductor se trasladó a otra jurisdicción; bastó con notificar el cambio de forma remota. Esta simplificación aplicó tanto a las licencias particulares como a las profesionales. En el caso de estas últimas, se eliminó la antigua Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI), permitiendo que las licencias profesionales de clases C, D y E, emitidas por las jurisdicciones adheridas a la normativa de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), fueran válidas para el transporte interjurisdiccional.

La reforma también introdujo cambios en la importación de vehículos y autopartes. Para la importación de autos en serie, se eliminaron los requisitos de la Licencia de Configuración de Modelo (LCM) y la Licencia de Configuración Ambiental (LCA) para aquellos vehículos provenientes de "mercados de alta vigilancia". Estos quedaron homologados con la presentación de certificaciones internacionales reconocidas según la reglamentación Trans-WP29-343. Para importaciones particulares, se creó el Certificado de Seguridad Vehicular (CSV), gestionado mediante la documentación que acreditara el cumplimiento de las normas internacionales y emitido por la ANSV. Además, se liberó la importación de autopartes al eliminar el Certificado de Homologación de Autopartes de Seguridad (CHAS), lo que simplificó el proceso y redujo costos.

Respecto a la Verificación Técnica Vehicular (VTV), la reforma abrió el sector a la competencia, permitiendo la incorporación de nuevos espacios privados para realizar las inspecciones. Concesionarios oficiales y talleres autorizados pudieron realizar las revisiones técnicas, que contaron tanto con certificación física como digital (integrada en Mi Argentina). En las jurisdicciones que adoptaron esta reforma, no se impuso una tarifa única oficial, lo que favoreció la competencia en el mercado.

El sistema de peajes en las rutas nacionales también se modernizó mediante la implementación progresiva del cobro automático sin cabinas, con un cronograma establecido para su implementación. Se plantearon diferentes etapas, donde se previó que para finales de 2027 todas las rutas nacionales funcionaran exclusivamente con sistemas free flow.

Por último, la reforma incluyó la adecuación de la normativa para permitir la circulación de vehículos de conducción autónoma, anticipándose a la integración futura de esta tecnología, y elevó los estándares de seguridad para la importación de autopartes y cascos de motocicletas, estableciendo normas IRAM para mejorar la protección en la vía pública.

Aunque el decreto ya estuvo en vigencia, la implementación de estos cambios dependerá de la adhesión de provincias y municipios, ya que la emisión de licencias y la regulación de trámites son competencias descentralizadas. En consecuencia, la transición requirió ajustes en sistemas locales y la adaptación de normativas regionales a los nuevos estándares establecidos por la ANSV. Con esta reforma, se buscó simplificar procedimientos administrativos, modernizar el sistema de licencias y homologaciones, mejorar la eficiencia en la circulación de vehículos y la verificación técnica, reduciendo costos y agilizando los trámites para los ciudadan