Ratificaron una condena por abuso sexual
El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso extraordinario federal presentado por la defensa del imputado y confirmó la condena a 12 años de prisión por abuso sexual agravado.
La decisión se tomó por mayoría con los votos coincidentes de Fernando Niz, Guillermo Semhan y Alejandro Chaín. En disidencia, Eduardo Panseri consideró que debía concederse el recurso por tratarse de un planteo que, a su juicio, ameritaba una revisión de la Corte por su posible gravedad institucional.
Los hechos ocurrieron en Goya entre 2017 y 2018, cuando la víctima tenía entre 9 y 10 años. La menor de edad relató situaciones de abuso por parte de su abuelo materno, dijeron fuentes judiciales.
La víctima había declarado en una entrevista especializada que su abuelo, cuando quedaban solos, tenía actitudes de connotación sexual que se presentaron en distintas oportunidades.
Su testimonio fue considerado preciso, coherente y libre de contradicciones, y estuvo respaldado por informes psicológicos y periciales que señalaron el daño emocional que el abuso generó en la menor de edad.
Sobre la base de esas pruebas, los jueces consideraron acreditada la conducta ilícita que fue persistente en el tiempo y dictaron la condena.
La defensa del condenado interpuso un recurso extraordinario federal con el objetivo de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revisara la sentencia. La defensa sostuvo que se habían vulnerado garantías constitucionales, entre ellas el derecho a la defensa y el principio de inocencia.
Se planteó que existieron deficiencias en la valoración de la prueba, en especial respecto al testimonio de la víctima, y se señaló que la condena se basó en elementos que, a su criterio, no resultaban suficientes ni concluyentes. También se objetó el rechazo previo de su recurso extraordinario provincial por parte del STJ.
César Sotelo, como jefe del Ministerio Público, dictaminó que el recurso extraordinario federal debía ser rechazado. Consideró que los planteos de la defensa no lograban configurar una cuestión federal suficiente ni una arbitrariedad que habilitara la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
"El recurso no satisface los requisitos de admisibilidad previstos por la normativa vigente", sostuvo el representante del Ministerio Público. Además, destacó que la sentencia condenatoria estaba debidamente fundada y que las cuestiones ya habían sido tratadas en instancias anteriores.
Por ello, concluyó que "la decisión cuestionada no vulnera derechos constitucionales".
Redacción
