El Gobierno pone en marcha la reforma laboral
El Gobierno de Javier Milei decidió avanzar con la reforma laboral como uno de los ejes centrales de su agenda legislativa para los próximos meses. La Casa Rosada convocará a la Confederación General del Trabajo (CGT) con el objetivo de negociar los puntos clave del proyecto, que incluirá modificaciones en la Ley de Contrato de Trabajo, cambios en los aportes sindicales y nuevas restricciones al derecho a huelga.
"Queremos diálogo y vamos a intentar reunir consensos", aseguran desde el Ejecutivo, que buscará enviar la iniciativa a la Cámara de Diputados próximamente. Mientras tanto, se postergarán otras reformas estratégicas que también forman parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), como la previsional y la impositiva.
Desde Balcarce 50 explican que sin una transformación en el régimen laboral, no tiene sentido avanzar con el resto de los cambios. Por eso, el oficialismo apuesta todas sus fichas a una reestructuración del mercado de trabajo, con foco en flexibilizar las relaciones entre empleadores y trabajadores.
Entre los puntos más relevantes del proyecto, se plantea:
Eliminar la obligatoriedad de la cuota sindical, lo que afectaría directamente la recaudación de los gremios.
Habilitar que los sindicatos deban elegir autoridades mediante elecciones supervisadas por la Justicia Electoral.
Reducir el rol del Estado en las negociaciones paritarias, eliminando la homologación obligatoria.
Declarar como servicios esenciales a sectores como salud, transporte, educación y telecomunicaciones, lo que limitaría el derecho a huelga en al menos un 50% de esas áreas.
Fomentar la mediación y el arbitraje como método de resolución de conflictos laborales.
Una de las claves del nuevo proyecto es su continuidad con la línea trazada en la Ley Bases, sancionada en 2024. En ese marco, ya se había aprobado la eliminación de multas al trabajo no registrado, la ampliación del período de prueba a ocho meses y la creación de un fondo de cese laboral optativo. También se había incluido, aunque no reglamentado aún, el artículo 94, que considera como "grave injuria laboral" la participación en bloqueos o tomas de establecimientos.
Los encargados de dialogar con la CGT serán el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero. El Ejecutivo buscará un canal abierto con dirigentes sindicales de peso como Gerardo Martínez (UOCRA), Héctor Daer (Sanidad), Carlos Acuña (estaciones de servicio), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y Andrés Rodríguez (UPCN).
"El paro no afectó nuestro vínculo con el sindicalismo", remarcan desde el Gobierno, que apuesta a negociar sin ceder el núcleo de su plan de modernización laboral. Mientras tanto, los gremios se preparan para una nueva pulseada que podría reconfigurar el escenario sindical argentino.
Con información de TN
