Además de la condena, le prohibieron entrar a Goya
Un muchacho recibió una pena de 3 años en suspenso. Lo habían detenido por robar más de 20 celulares en la Fiesta del Surubí.

Un muchacho recibió 3 años de prisión condicional y además le prohibieron el ingreso a Goya. El juez de Garantías de esa ciudad, Lucio Raúl López Lecube, homologó el acuerdo alcanzado por el Ministerio Público Fiscal, a cargo de María Eugenia Ballara, y la defensa del imputado, por el delito de encubrimiento agravado por ánimo de lucro.
La investigación
El hecho ocurrió el 4 de mayo durante la Fiesta Nacional del Surubí, que se realizó en el predio El Ingá, de Goya. La causa se inició por la denuncia de una mujer que sufrió el robo de su celular y dinero.
La detención
El rastreo del dispositivo robado permitió al personal policial detener al acusado en la terminal de ómnibus de la ciudad de Corrientes.
El procedimiento se realizó el domingo 4 de mayo, cerca de las 11.30, cuando efectivos de la Unidad Especial Antiarrebatos desplegó un operativo en la terminal de ómnibus de esta capital y detuvieron a uno de los ladrones, de 26 años, que tiene domicilio en Santa Ana.
Los agentes realizaron la requisa de sus pertenencias y hallaron 21 celulares: 11 Samsung, 4 Motorola, 3 iPhone, 2 Redmi y un OPPO. También tenía cerca de $ 70.000 y la terminal posnet de un comerciante, que la vació transfiriendo el dinero a otra cuenta.
Resolución del juez
El juez López Lecube resolvió, además de la condena, la imposición de una serie de reglas de conducta.
Entre ellas se destaca, como medida principal, la prohibición expresa de ingresar a la ciudad de Goya, excepto si fuera requerido por una autoridad judicial. Esta restricción fue dispuesta como una medida preventiva frente a la posibilidad de reincidencia y en resguardo de la comunidad local.
Fuentes judiciales dijeron que el caso representa un ejemplo concreto de la eficacia del juicio abreviado previsto en el Código Procesal Penal y del rol activo de magistrados en la búsqueda de soluciones penales ágiles que contemplen tanto el debido proceso como la protección de los derechos de las víctimas.

