Un hogar de niños recibirá $ 2,5 millones como donación en un caso de "probation"
Una de las dueñas de una farmacia acusada de defraudar al PAMI con la presentación de troqueles apócrifos de medicamentos accedió a una suspensión de juicio a prueba (probation). Como condición para evitar el juicio oral, la mujer deberá donar 2.500.000 pesos al Hogar Sagrado Corazón de Jesús, administrado por las hermanas dominicas de San José, una institución dedicada a la atención de niños abandonados y con problemas de adicciones, consignaron fuentes judiciales.
La decisión fue tomada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) de Corrientes, en una audiencia en la que intervinieron el fiscal general Carlos Schaefer y la auxiliar fiscal Tamara Pourcel.
La instrucción del caso estuvo a cargo del fiscal federal Flavio Ferrini, en el marco de una investigación iniciada por la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Cometidos en el ámbito del PAMI (UFI-PAMI), a cargo de Javier Arzubi Calvo.
La causa se originó a partir de una denuncia presentada por representantes de la empresa Farmalink S. A., quienes detectaron posibles irregularidades en las liquidaciones de la farmacia San Pío, de la capital correntina.
En concreto, se advirtió la presentación de tres recetas electrónicas correspondientes a diferentes meses del año 2018, acompañadas de tickets de expendio y cuatro troqueles falsificados de insulina, un medicamento cubierto al 100 % por el PAMI.
El análisis técnico realizado por el laboratorio Novo Nordisk Pharma Argentina confirmó que los troqueles no coincidían con las contramuestras oficiales, lo que respaldó la hipótesis fiscal de una maniobra fraudulenta para obtener un pago indebido de 9.268,82 pesos por parte del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP).
La probation otorgada incluye como principal medida la millonaria donación al hogar que brinda contención a menores en situación de vulnerabilidad, derivados por organismos como la Dirección de Protección de la Niñez y Adolescencia (Dipna). De esta forma, la Justicia optó por una reparación económica con impacto social frente a un caso de fraude contra el sistema de salud público.
Redacción
