Reclamo unificado por el sostenimiento de la educación pública

En un nuevo capítulo en defensa de la educación superior pública, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto a representantes del Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA), presentó en el Congreso de la Nación un anteproyecto de Ley de Financiamiento Universitario. El texto busca garantizar por ley el presupuesto necesario para el funcionamiento de las universidades nacionales, y ya genera expectativas de tratamiento parlamentario para el próximo 19 de junio.

El presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de La Pampa, Oscar Alpa, explicó en diálogo con Radio UNNE que el objetivo del proyecto es "volver a los valores históricos que Argentina ha invertido en educación superior y mejorarlos". Alpa advirtió que el país invierte actualmente "una tercera o cuarta parte de lo que destinan los países desarrollados a sus sistemas universitarios y científicos".

La propuesta fue elaborada de forma conjunta entre autoridades universitarias, representantes gremiales y estudiantiles. Entre sus puntos centrales, establece la actualización automática del presupuesto en función de la inflación, la convocatoria obligatoria a paritarias cada tres meses, un fondo estratégico para el desarrollo de carreras de vacancia, y un camino progresivo para alcanzar, hacia 2031, el 1,5% del PBI destinado a educación universitaria.

"La situación actual es crítica: en los primeros cuatro meses del año las universidades han recibido un tercio menos de lo que venían percibiendo, incluso en términos nominales", advirtió Alpa, y agregó que en el caso de la Universidad de La Pampa, los fondos mensuales pasaron de 300 a 200 millones de pesos, mientras los gastos continuaron creciendo por efecto inflacionario.

Por su parte, la diputada nacional Danya Tavela (Buenos Aires), respaldó la iniciativa y detalló que el proyecto "no crea nuevos impuestos y busca mantener el equilibrio fiscal, aprovechando el aumento en la recaudación ya existente que hoy no se asigna a partidas específicas". Tavela subrayó que el pedido de incremento presupuestario "no es un privilegio, sino el reconocimiento de una pérdida por inflación que afecta tanto a salarios como a los gastos operativos de las universidades".

La diputada, que también se desempeñó como secretaria de Políticas Universitarias, señaló que el proyecto busca "dar previsibilidad a las universidades públicas y establecer metas claras de inversión a largo plazo en educación superior". El artículo 10 del anteproyecto establece que el presupuesto del sistema universitario nacional deberá alcanzar un 1,5% del PBI hacia el año 2031.

Desde el frente sindical, la secretaria general de CONADU Histórica, Francisca Staiti, alertó sobre la crítica situación salarial del sector docente y no docente. "Acumulamos una pérdida de más del 30% del poder adquisitivo respecto a noviembre de 2023", afirmó, y denunció que las recomposiciones salariales "han sido por decreto, sin paritarias y por debajo del índice inflacionario".

Staiti sostuvo que la situación actual remite a los peores años de crisis institucional: "Lo que hoy atraviesa el sistema universitario recuerda a lo vivido en 2001 y 2002. Sin un financiamiento adecuado, está en riesgo la continuidad de las funciones esenciales de la universidad pública".

El artículo 3 del anteproyecto establece la obligatoriedad de convocar paritarias cada tres meses y garantizar actualizaciones salariales mensuales no inferiores a la inflación, además de asegurar que todos los aumentos sean remunerativos, bonificables e incorporados al salario básico.

"El proyecto fue fruto de un acuerdo entre sectores diversos, y ahora pedimos a los diputados y senadores de todas las provincias que se comprometan con la universidad pública", enfatizó Alpa. El texto también insta al Ejecutivo nacional a fortalecer los programas de bienestar estudiantil, fundamentales para garantizar el derecho a una educación superior gratuita y de calidad.

Con la vista puesta en el tratamiento parlamentario del 19 de junio, la comunidad universitaria espera que el Congreso dé una señal clara de compromiso con la educación pública, en un contexto de urgencia presupuestaria y creciente demanda social por el fortalecimiento del sistema universitario argentino.