La causa Vialidad y los implicados junto con Cristina, en un fallo histórico

El 13 de noviembre de 2024, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena de la expresidenta de la Nación Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta, en el caso de la obra pública concedida al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz.

En un fallo de 1.541 páginas, la Sala IV de Casación también confirmó las condenas de Báez (6 años de prisión), del ex secretario de Obras Públicas José López (6 años), del extitular de Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti (6 años) y de los ex funcionarios del área de Vialidad de Santa Cruz Juan Carlos Villafañe (5 años), de Raúl Gilberto Pavesi (4 años y 6 meses), de José Raúl Santibáñez (4 años), de Mauricio Collareda (4 años) y de Raúl Osvaldo Daruich (3 años y 6 meses).

Asimismo, ese día también confirmó las absoluciones del exministro de Planificación Federal Julio De Vido, del exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, del exfuncionario de Vialidad de Santa Cruz Héctor Garro y de Carlos Kirchner, primo del fallecido expresidente Néstor Kirchner y exfuncionario de Planificación Federal. A Carlos Kirchner se le confirmó la absolución por prescripción.

La condena de Cristina Kirchner fue confirmada por los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, mientras que Gustavo Hornos votó por sumarle a la exmandataria el delito de asociación ilícita, como había pedido la Fiscalía, consignó Infobae.

Los detalles de la sentencia

Los jueces destacaron que la maniobra se dio con la incorporación de Báez al rubro de la construcción "sin ninguna experiencia" a pesar de lo cual "conformó un grupo de empresas, que le permitió ganar numerosas licitaciones de obra pública en la provincia de Santa Cruz simulando una competencia que en realidad no tenía (a modo de ejemplo, solo entre 2007 y 2008 recibió veintitrés contratos)".

Los jueces destacaron que las licitaciones que obtuvieron las empresas de Báez se dieron con "numerosas irregularidades". "Se demostró que se seleccionó una modalidad de contratación específica, convirtiéndose para la provincia de Santa Cruz en regla lo que para las demás fue una excepción. Esto permitió la cartelización de la obra pública en la referida provincia en favor de un grupo de empresas que respondían al aludido Báez", citaron como ejemplo. También que, por los incumplimientos, no fue sancionada y que tenía un canal preferencial de pago.

Otra prueba relevante para Casación fue el Decreto 54/2009 que firmó Cristina Kirchner a instancias de José López por el cual se modificó el fideicomiso que comenzó a ser manejado por la Dirección Nacional de Vialidad, a cargo de Periotti.

Los magistrados también destacaron lo que el fiscal Diego Luciani llamó en el juicio oral el "plan limpiar todo". Se trató de los mensajes de WhatsApp que se encontraron en el celular de López cuando fue detenido en junio de 2016, en el convento de General Rodríguez, con bolsos con nueve millones de dólares y por los que fue condenado a seis años de prisión por enriquecimiento ilícito.

"Que en el plan tomaron participación, en principio y de acuerdo a lo que se pudo probar, José Francisco López, Lázaro Báez, Cristina Fernández de Kirchner, Nelson Periotti y José Raúl Santibáñez", sostuvieron los jueces y agregaron que "para culminar la maniobra se trató de atribuir el cierre de las empresas de Báez a la nueva administración del Poder Ejecutivo nacional y evitar la ‘sensación de fuga’ (en palabras de José Francisco López), cuando en realidad se probó que las obras habían sido abandonadas con anterioridad, y todo lo sucedido en esta etapa fue minuciosamente ideado por López, Báez, Fernández de Kirchner y Periotti".

"La maniobra señalada generó un enorme perjuicio al Estado nacional", dijeron en otro tramo.