Los gobernadores exigen respuestas por los fondos coparticipables a la Nación
La relación entre los gobernadores provinciales y el gobierno nacional atraviesa su momento más delicado desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Con un cuadro financiero cada vez más apremiante y un reparto de fondos coparticipables en franca caída, los 24 mandatarios provinciales —incluido el jefe de Gobierno porteño— avanzan en un proyecto de ley conjunto para forzar cambios en la distribución de los recursos y evitar el colapso de las economías regionales.
En una reunión realizada esta semana en el piso 21 de las nuevas oficinas del Consejo Federal de Inversiones (CFI), con vistas privilegiadas a Puerto Madero y el Río de la Plata, los jefes provinciales endurecieron su postura. Gerardo Zamora, gobernador de Santiago del Estero y figura influyente en el bloque de mandatarios, fue quien tomó la palabra y sintetizó el clima general: "Todos estamos peor que antes".
La preocupación por la caída de los ingresos y la parálisis de la obra pública se traduce ya en medidas drásticas. Algunos gobernadores, como Rogelio Frigerio (Entre Ríos), han debido congelar sueldos en la administración pública. Otros apenas alcanzan a cubrir el gasto corriente o el pago del medio aguinaldo.
La propuesta que ya circula en el Senado apunta a una redistribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), la eliminación de los fondos fiduciarios financiados con el impuesto a los combustibles, y un aumento en la participación provincial en esa recaudación, elevándola al 58,36%. Aunque el Ejecutivo aún no ofreció respuestas claras, el proyecto ya fue firmado por los 24 mandatarios. Incluso Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes, ausente en la cumbre pero próximo a sellar un acuerdo con La Libertad Avanza, respaldó el texto.
"Hay que evitar romper la unidad de los 24", advirtió un operador provincial, consciente del riesgo de que las divisiones internas debiliten el reclamo conjunto. Por ahora, existe consenso en agotar las vías de negociación antes de escalar el conflicto, aunque algunos sectores ya presionan por una confrontación legislativa directa si el Gobierno no accede a discutir el fondo del planteo.
Desde el Ejecutivo, los enviados Carlos Guberman (Hacienda) y Lisandro Catalán (Jefatura de Gabinete) intentaron contener la tensión, pero no ofrecieron soluciones concretas. La promesa de estudiar el tema y avanzar con el traspaso de obras y mantenimiento de rutas —en estado crítico en varias provincias— fue considerada insuficiente.
El trasfondo político también pesa. La Casa Rosada ve con preocupación la posibilidad de que los gobernadores, hartos del ajuste y de la falta de respuestas, empiecen a votar en contra del Gobierno en el Congreso. Ya lo hicieron algunos aliados circunstanciales en recientes sesiones, desnudando que el respaldo legislativo que el oficialismo festejó meses atrás está lejos de ser incondicional.
Por ahora, los gobernadores mantienen la presión en privado, evitando declaraciones altisonantes, pero con la mirada puesta en el Congreso. El desenlace, advierten, está cerca. Y de no mediar cambios en la postura del Ejecutivo, la confrontación será inevitable.
*Con información de INFOBAE
