Los fondos demandantes de YPF abren la puerta a una negociación con el Gobierno argentino
Luego del reciente fallo de la jueza Loretta Preska del segundo distrito de Nueva York, que ordenó a la Argentina transferir el 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del juicio por la expropiación de 2012, los fondos demandantes comenzaron a manifestar su disposición a negociar un acuerdo con el Gobierno nacional.
A pesar de que el presidente Javier Milei anticipó que apelará la resolución judicial, fuentes cercanas a los fondos Burford Capital y Eton Capital indicaron que estarían dispuestos a cerrar el conflicto mediante una quita del monto fijado en la sentencia —que asciende hoy a US$17.750 millones con intereses— o bien a aceptar un pago en bonos.
Una sentencia millonaria y un plazo limitado
El 15 de septiembre de 2023, Preska falló a favor de los demandantes y condenó a la Argentina a pagar US$16.000 millones por la forma en que se llevó a cabo la expropiación de YPF. Según determinó la jueza, el gobierno de Cristina Kirchner violó el estatuto de la petrolera al no ofrecer una compensación equitativa a todos los accionistas, como sí hizo con Repsol.
En este contexto, la jueza otorgó al país un plazo de 14 días para transferir las acciones clase D a una cuenta en The Bank of New York Mellon (BNYM), como parte del pago a los fondos litigantes.
Las opciones del Gobierno
De acuerdo con un análisis de la firma Adcap, el Ejecutivo tiene tres caminos posibles:
Cumplir el fallo y ceder el control efectivo de la petrolera.
Apelar y solicitar una suspensión antes del vencimiento del plazo.
Iniciar negociaciones directas con los acreedores para alcanzar un acuerdo extrajudicial.
Adcap advierte que "sin un diálogo significativo, no hay resolución posible", y destaca que la demora podría afectar la credibilidad del Gobierno, sobre todo en un momento en que negocia con el FMI y busca captar inversiones.
Además, la prolongación del litigio genera un impacto económico inmediato: la Argentina acumula cerca de US$3 millones por día en intereses, actualizados a una tasa fija anual del 5,42%.
Riesgos de no actuar
Desde la llegada de Javier Milei al poder, el Gobierno debía depositar una garantía para evitar embargos, algo que finalmente no se concretó. Por ello, la jueza quedó habilitada para ordenar el embargo de activos argentinos, como en este caso, las acciones de YPF en manos del Estado.
En la Casa Rosada se maneja con cautela la estrategia judicial. La Procuración del Tesoro encabezará la apelación ante la Cámara del Segundo Circuito de Nueva York, aunque aún no se conocen públicamente los detalles del escrito ni los tiempos exactos.
¿Un acuerdo en el horizonte?
Aunque el fallo favorece ampliamente a los demandantes, fuentes vinculadas a Burford y Eton señalan que el paso del tiempo encarece la ejecución del cobro y aumenta la incertidumbre sobre el verdadero valor de los activos. En ese sentido, un acuerdo negociado podría representar una salida pragmática para ambas partes, luego de diez años de litigio internacional.
Mientras tanto, la mirada de los mercados y de los organismos multilaterales sigue de cerca los próximos movimientos del Gobierno argentino, que enfrenta uno de los desafíos financieros y judiciales más complejos de su gestión.
*Con información de TN
