Sin acuerdo tras una extensa reunión en Economía, pero con promesas de diálogo
La tensión entre el Gobierno nacional y las provincias sumó este martes un nuevo capítulo. Un grupo de ministros de Economía provinciales se reunió durante más de tres horas con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, en el Ministerio de Economía, para discutir la propuesta de reforma en el reparto del impuesto a los combustibles. Sin embargo, la extensa negociación no concluyó con un acuerdo ni con una contrapropuesta concreta del Ejecutivo, aunque ambas partes se comprometieron a continuar el diálogo en las próximas semanas.
El encuentro tuvo lugar en el Salón Belgrano, ubicado en el quinto piso del Palacio de Hacienda. Allí, una veintena de representantes provinciales insistieron en el pedido que ya habían presentado los gobernadores días atrás: reformar el artículo 19 de la ley 23.966, con el objetivo de incrementar los fondos que las provincias reciben por el impuesto a los combustibles líquidos.
Actualmente, según datos oficiales, la Nación recauda más de 2.500 millones de pesos a través de este gravamen. De ese total, las provincias sólo reciben el 10,40%, mientras que el resto se distribuye entre el Tesoro Nacional, el FONAVI, el sistema previsional, y distintos fideicomisos de infraestructura y transporte.
La propuesta de las provincias
La iniciativa de los gobernadores busca modificar esa distribución para que el 58,36% del total recaudado se destine directamente a las provincias. La propuesta incluye también la eliminación de los fondos fiduciarios, con el objetivo de que el dinero se transfiera de forma automática y directa a las 24 jurisdicciones. Además, contempla cambios en el esquema de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que actualmente se otorgan de forma discrecional por parte del Ejecutivo.
"Más allá de lo que nos digan, no podemos los ministros tomar una decisión distinta a la que tomaron nuestros jefes que ya lo decidieron", explicó uno de los funcionarios provinciales del centro del país al salir de la reunión, reafirmando que hay consenso entre los gobernadores para avanzar con el reclamo.
La postura del Gobierno
Desde el Ministerio de Economía, la respuesta fue cautelosa. Según comentaron fuentes oficiales, una modificación como la que proponen las provincias implicaría un fuerte costo fiscal que podría poner en riesgo el superávit primario que el ministro Luis Caputo defiende como eje de su política económica. Carlos Guberman, el funcionario encargado de recibir a las delegaciones, evitó compromisos concretos, aunque acordó mantener nuevas reuniones para explorar alternativas.
Sin avances, pero con señales
Aunque la reunión terminó sin avances significativos, el hecho de que el diálogo continúe abierto fue interpretado por algunos asistentes como una señal positiva. Sin embargo, otros advirtieron que la falta de una contrapropuesta concreta representa una nueva muestra de la rigidez fiscal del Gobierno nacional.
La tensión por los recursos federales se ha convertido en uno de los principales focos de conflicto entre la Casa Rosada y las provincias en los últimos meses. En un contexto de ajuste fiscal y recortes, los gobernadores buscan garantizar una mayor previsibilidad en los ingresos que reciben por coparticipación y transferencias, mientras el Ejecutivo nacional se mantiene firme en su compromiso de evitar desequilibrios en las cuentas públicas.
La próxima ronda de negociaciones, prevista para las semanas siguientes, será clave para definir si hay margen para un acuerdo o si el conflicto escala hacia el Congreso, donde los mandatarios provinciales podrían impulsar su proyecto por la vía legislativa.
Adjuntar
Buscar
Voz
ChatG
