La Nación rechazó propuestas de coparticipación presentadas por las provincias
En una reunión llevada a cabo tras la 34ª sesión del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal (CFRF), el Gobierno nacional rechazó el proyecto conjunto presentado por los gobernadores provinciales para modificar la distribución de los recursos coparticipables. El encuentro, que reunió a ministros de Hacienda y Finanzas de todo el país, tuvo lugar el martes 1 de julio en la sede del Ministerio de Economía de la Nación.
En representación de Corrientes, participó el ministro Marcelo Rivas Piasentini, quien expuso junto a sus pares provinciales dos planteos clave: por un lado, la incorporación de lo recaudado por el impuesto a los combustibles líquidos a la masa coparticipable; y por otro, una distribución más equitativa de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), fondo conformado por aportes de todas las jurisdicciones del país.
El secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman, respondió que el gobierno de Javier Milei no avanzará con los pedidos. Entre los argumentos, mencionó la complejidad legal que implicaría modificar el Régimen de Coparticipación, ya que requeriría la aprobación de las 24 legislaturas provinciales. También indicó que el Ejecutivo nacional no está dispuesto a incrementar la asignación de recursos en función del equilibrio financiero que busca sostener.
Gobernadores piden equidad en la distribución
El proyecto elevado por los gobernadores cuestiona la actual asignación específica del impuesto a los combustibles líquidos, gran parte del cual se destina a subsidios del transporte en zonas como el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires). El reclamo apunta a que estos fondos pasen a formar parte del régimen general de coparticipación, lo que beneficiaría de manera más equitativa a todas las provincias.
Asimismo, se solicitó una reformulación de los criterios de distribución de los ATN, un fondo que —según los mandatarios— debe orientarse de forma más transparente y proporcional hacia las jurisdicciones que realmente lo necesitan.
Preocupación por el déficit en las provincias
La negativa de Nación se da en un contexto financiero adverso para muchas provincias. La caída sostenida en la coparticipación federal de impuestos ha puesto en jaque las finanzas públicas locales, especialmente en el Norte Grande. Según estimaciones oficiales, este año muchas jurisdicciones podrían cerrar con déficit fiscal, después de varios ejercicios consecutivos con superávit.
En el caso de Corrientes, el 80% de sus ingresos proviene del régimen de coparticipación. A pesar de la merma en los fondos, la provincia continúa garantizando el pago de sueldos y mantiene el equilibrio presupuestario. El ministro Rivas Piasentini atribuyó esta solidez a un bajo nivel de endeudamiento y a una administración prudente de los recursos públicos.
"Estas condiciones garantizan la salud financiera de Corrientes, con previsibilidad y sustentabilidad en el tiempo de las decisiones de gobierno", afirmó el funcionario provincial.
Reunión del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal
La sesión N° 34 del CFRF, celebrada el mismo día, fue presidida por el secretario de Hacienda de la Nación y contó con la participación de ministros de todas las provincias —excepto Formosa— y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Durante el encuentro, se evaluaron las cuentas fiscales del ejercicio 2024, los presupuestos 2025 y las proyecciones plurianuales hasta 2027.
Uno de los puntos destacados fue la aplicación de la Regla de Fin de Mandato en dos provincias con recambio de autoridades, para garantizar una transición ordenada y evitar compromisos financieros que condicionen a las futuras gestiones.
El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, en su rol de secretario del Comité Ejecutivo del CFRF, valoró la continuidad institucional del consejo y remarcó la necesidad de sostener una cultura de responsabilidad fiscal sin condicionamientos políticos.
Al cierre del encuentro, los representantes provinciales reiteraron su preocupación por la caída de los recursos coparticipables y la falta de respuestas del Gobierno nacional ante la creciente presión financiera que enfrentan sus jurisdicciones.
