El Gobierno anunció el cierre de Vialidad nacional y otros organismos de transporte
En una sorpresiva conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció este lunes el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad, así como de otros dos organismos vinculados al transporte, en el marco del proceso de desregulación y reestructuración impulsado por el presidente Javier Milei.
"El presidente Javier Milei, a través de un decreto que se publicará mañana, ordenó el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad, la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, y la Agencia Nacional de Seguridad Vial", informó Adorni en la Casa Rosada.
La conferencia comenzó con la proyección de un video que repasó denuncias de corrupción vinculadas a la llamada "causa Vialidad", por la que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue condenada en 2022 a seis años de prisión y actualmente cumple arresto domiciliario.
En cuanto al futuro de las funciones que desempeñaban estos organismos, Adorni explicó que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) será reformulada y pasará a denominarse "Agencia de Controles y Servicios Públicos del Transporte". Esta nueva entidad asumirá las responsabilidades de fiscalización y control sobre concesiones viales y otros aspectos del transporte público.
Además, el vocero anunció que el Gobierno abrirá una licitación para la concesión de 9.120 kilómetros de rutas. "Tras décadas de despilfarro y corrupción, estas rutas se han visto gravemente degradadas", afirmó Adorni.
El funcionario también aprovechó la ocasión para destacar el uso de las facultades delegadas que vencen mañana, y con las cuales el Ejecutivo llevó adelante numerosas reformas. "Decían que aprobar las facultades delegadas era ilegal, que se trataba de darle superpoderes a un gobierno reaccionario. La realidad es que este Gobierno no pidió su prórroga, a diferencia del kirchnerismo que las extendió hasta el fin de su mandato", sostuvo.
Finalmente, Adorni criticó el uso de estas herramientas legales por parte de administraciones anteriores, señalando que "el problema no es la herramienta, sino cómo se usa y para qué". Citó como ejemplo la Ley de Solidaridad Social de 2019 y las restricciones aplicadas durante la pandemia bajo la gestión de Alberto Fernández.
