Pidieron 5 años de prisión para exsecretario de la justicia federal
Pablo Molina enfrenta cargos por intervención ilegal al teléfono de su esposa.
Tras dos audiencias de juicio en las que se produjo la prueba ante el Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Corrientes, el fiscal general Carlos Schaefer y el fiscal coadyuvante de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Martín Uriona, solicitaron 5 años de prisión para Pablo Carlos Molina e inhabilitación absoluta y especial por doble tiempo.
Lo acusaron de haber ordenado la intervención ilegal de las líneas telefónicas de su mujer y de un presunto amante, en el marco de una investigación por narcotráfico.
En su alegato del miércoles 2 de julio, Schaefer y Uriona acusaron a Molina como autor penalmente responsable del delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica, en concurso real.
La defensa alegó el lunes 7 y pidió la absolución del exsecretario Penal del Juzgado Federal Nº. 1 de Corrientes cuando se desempeñaba como juez Carlos Soto Dávila.
El juicio se inició el 13 de junio.
El tribunal está integrado por los jueces Juan Manuel Moreira, Fabián Cardozo y Jorge Gallino.
La sentencia se conocerá el martes 29 de julio.
La acusación
Pablo Molina fue acusado de haber confeccionado y suscripto el 11 de septiembre de 2014, en su carácter de secretario a cargo de la Secretaría Penal N.° 2 del Juzgado Federal N.° 1 de Corrientes, un oficio judicial, firmado también por el entonces juez federal Soto Dávila, mediante el cual se le hizo saber falsamente a la Dirección de Observaciones Judiciales de Zona Corrientes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) -por entonces a cargos de las escuchas-, que se había dispuesto la intervención telefónica por el término de 30 días corridos de dos abonados, que presuntamente estaban vinculados a una investigación por narcotráfico en curso.
Sin embargo, los representantes del MPF explicaron que luego se determinó que esas líneas eran las utilizadas por la esposa del secretario y por un allegado a ella con el que el acusado sospechaba que tenía una relación.
Según expuso la fiscalía, el hecho se descubrió en marzo de 2019, cuando personal judicial que realizaba un relevamiento de efectos encontró 28 discos compactos con el producido de estas comunicaciones interceptadas de manera ilegal entre el 18 de septiembre y el 1 de octubre de 2014.
En gran parte de ellas, aparece el propio acusado hablando con su pareja, profiriéndole insultos e incluso amenazas.
En ese entonces, Molina estaba apartado de sus funciones por decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes a raíz de la imputación que le había sido cursada por hechos de corrupción.
