La Justicia intimó a Cristina Kirchner a pagar $684 mil millones y podría perder parte de su patrimonio
La Justicia argentina intimó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros ocho condenados en la causa Vialidad a pagar, en un plazo de 10 días hábiles, un total de $684 mil millones en concepto de decomiso por la maniobra de corrupción relacionada con el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez.
La ex mandataria, condenada en 2022 a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta, deberá depositar la cifra exigida en una cuenta del Banco Nación antes del 13 de agosto a las 9:30 horas, fecha límite establecida por el tribunal teniendo en cuenta la feria judicial de julio.
En caso de incumplimiento, la Justicia rematará los bienes embargados de los condenados. El fiscal Diego Luciani, junto a su colega Sergio Mola, elaboró un detallado listado patrimonial que incluye propiedades, sociedades y cuentas bancarias a nombre de Cristina Kirchner, sus hijos y el resto de los acusados.
Bienes en la mira
Entre los bienes que podrían ser ejecutados se encuentran:
24 inmuebles en Santa Cruz, entre ellos la casa familiar de Río Gallegos, la residencia de El Calafate y el hotel boutique Los Sauces.
Dos departamentos en Recoleta, uno de ellos en la esquina de Juncal y Uruguay, donde vivió la ex presidenta hasta 2022.
Un departamento en San Cristóbal, en el que actualmente reside Cristina Kirchner.
Siete cajas de ahorro y cuatro plazos fijos, tanto en pesos como en dólares.
Cuatro cuentas comitentes de inversión en la Caja de Valores.
Acciones en tres sociedades familiares: Hotesur SA, Los Sauces SA y COMASA, todas actualmente embargadas.
De patrimonio millonario a donación estratégica
En su última declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción al dejar su cargo como vicepresidenta en 2023, Cristina Kirchner reportó un patrimonio de $249,4 millones, con importantes inversiones en acciones de empresas como Apple, Microsoft, Visa, Mercado Libre y Berkshire Hathaway.
Sin embargo, ya en 2016, la ex presidenta había donado en vida la mayor parte de sus bienes a sus hijos Máximo y Florencia, en una maniobra que fue denunciada por presunta insolvencia fraudulenta. Esa cesión incluyó 26 propiedades, cuentas bancarias y acciones en sociedades, por un valor estimado en $74 millones.
La trama de enriquecimiento durante su paso por el poder
Se reconstruyó la evolución del patrimonio de la familia Kirchner desde 2003. El matrimonio incrementó su fortuna principalmente mediante operaciones inmobiliarias, inversiones hoteleras y vínculos comerciales con Lázaro Báez, quien recibía adjudicaciones de obra pública con sobreprecios y luego alquilaba habitaciones en los hoteles de la familia Kirchner, muchas de ellas sin ser ocupadas.
Para 2007, la pareja ya había multiplicado su patrimonio a $25,5 millones (un aumento real del 153%), y declarado 44 inmuebles y USD 4 millones en plazos fijos. Gran parte de las propiedades habían sido adquiridas entre 1977 y 1982, en plena dictadura militar, cuando el matrimonio ejercía como abogados en Santa Cruz.
Un juicio con consecuencias patrimoniales
El monto del decomiso exigido surge de los beneficios ilegítimos que recibió Báez, favorecido con licitaciones de obras viales que no se completaron y con sobreprecios estimados en un 20%. De acuerdo con la Justicia, el 80% de esas obras fueron adjudicadas a Austral Construcciones, propiedad de Báez y considerada la "nave insignia" del entramado corrupto.
El tribunal ya tiene bajo custodia el legajo patrimonial con los bienes embargados y advirtió que, si no se paga el monto estipulado, se avanzará con la ejecución y remate de los activos.
La ex presidenta enfrenta, además, embargos y causas judiciales vinculadas a lavado de dinero, como los casos Hotesur-Los Sauces, donde también están procesados sus hijos. De no responder económicamente al decomiso ordenado, su extenso patrimonio podría quedar reducido drásticamente.
