El Gobierno sospecha de filtraciones y venta de información en la Procuración del Tesoro
La Casa Rosada ha ordenado la desvinculación de varios funcionarios de la Procuración del Tesoro, luego de descubrir presuntas filtraciones y venta de información relacionada con la causa que enfrenta al Estado Nacional contra Burford Capital por la estatización de YPF. Según fuentes oficiales, el gobierno sospecha que ciertos empleados del organismo habrían entregado datos sensibles a actores externos, poniendo en riesgo la estrategia jurídica del país.
A pesar de que se mantiene un estricto hermetismo sobre las pruebas concretas de las filtraciones, desde el Ejecutivo aseguran que hubo revelaciones no autorizadas sobre el caso, que comprometen la posición de Argentina en litigios de alta trascendencia. La Procuración del Tesoro es la encargada de defender al Estado en estos conflictos judiciales, y la filtración de información podría haber tenido consecuencias perjudiciales en la causa, que involucra miles de millones de dólares.
El Procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, se encuentra al frente de la reestructuración interna de la Procuración. Fuentes del gobierno indican que se procederá a la disolución de varias unidades internas y se llevará a cabo una purga en el organismo para garantizar la confidencialidad y la seguridad en las estrategias judiciales. Además, se espera un comunicado oficial que detalle los cambios y las medidas adoptadas.
Desde el gobierno, no se han confirmado oficialmente los detalles de qué tipo de información se filtró ni a quién fue destinada, aunque se especula que los datos podrían haber llegado a manos de Burford Capital o sus asociados, en caso de que el fallo fuera desfavorable para Argentina.
Este episodio se produce en medio de una disputa judicial clave entre Argentina y Burford Capital, tras la expropiación de YPF en 2012. En los últimos días, el Departamento de Justicia de Estados Unidos se sumó al caso, brindando apoyo a la Argentina como amicus curiae ante la Corte de Apelaciones de Nueva York. En su presentación, el gobierno de EE. UU. solicitó que no se conceda la orden de entrega de las acciones de YPF solicitada por los demandantes, argumentando que violaría la inmunidad soberana.
El respaldo de EE. UU. no es la primera vez que se presenta en el litigio. En 2023, el país norteamericano ya había intervenido para apoyar la postura argentina, instando a la jueza Loretta Preska a desestimar el pedido de Burford para quedarse con el 51% de las acciones de YPF. Sin embargo, la jueza, identificada con el Partido Republicano, desoyó esta recomendación y ordenó el traspaso de las acciones, una medida que podría repetirse en esta nueva instancia.
El conflicto judicial sigue siendo de alta tensión, con la Argentina buscando apoyo internacional para contrarrestar los reclamos de Burford y proteger su patrimonio en YPF, una de las principales empresas del país. Las autoridades nacionales mantienen un optimismo cauteloso, mientras avanzan en la reestructuración de la Procuración del Tesoro y en el fortalecimiento de la defensa en los tribunales internacionales.
