La Nación apelará la suspensión del decreto que cierra Vialidad
La jueza federal Martina Forns suspendió por seis meses la disolución del organismo tras la presentación de una medida cautelar por parte del sindicato.
El Gobierno nacional confirmó ayer que apelará la decisión judicial que suspendió el decreto presidencial que ordenaba la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad.
La medida fue comunicada a través del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien expresó en sus redes sociales: "El Gobierno apelará la suspensión del decreto que determina la disolución de Vialidad Nacional".
La suspensión fue dispuesta por el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N.º 2, que hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (Sevina).
La acción sindical cuestiona la legalidad del cierre del organismo y su impacto sobre los trabajadores del sector, consignó Ámbito.
El pasado 8 de julio, el gobierno de Milei avanzó con la disolución del organismo, la eliminación de la Agencia de Seguridad Vial y la concesión de 9.120 kilómetros de rutas.
Para justificar los cambios, Adorni se refirió a la causa Vialidad por la que fue condenada la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, donde, según dijo, la Justicia halló "maniobras fraudulentas" mediante la "adjudicación de contratos públicos amañados, la ejecución anticipada de adelanto financieros millonarios sin justificación, el abandono de obras sin penalización y las ampliaciones injustificadas de plazos".
"No se construyeron las rutas y la plata se la quedaba igual", denunció Adorni.
"La disolución de este organismo generará un ahorro anual estimado para el Estado nacional de 100 millones de dólares, y sus funciones serán asumidas entre la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte y dos unidades organizativas dentro del Ministerio de Economía, una en la órbita de la Secretaría de Transporte y otra en la Secretaría de Obras Públicas", afirmaron.
La suspensión del Decreto 461/2025 que ordenaba la disolución del organismo y el traspaso de sus funciones al Ministerio de Economía y a la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte fue fundamentada en que la ley Bases no otorgó facultades delegadas para el cierre de un ente autárquico como lo es Vialidad, que, además, fue creado por ley hace más de 93 años.
En la resolución judicial se advierte sobre el peligro que presentaba la inminente aplicación del decreto, ya que podría generar "traslados forzosos, desvinculaciones encubiertas o vaciamientos funcionales".
