Corrientes se sumó al reclamo contra el veto a la emergencia en discapacidad
Manifestaciones contra la decisión de Milei se replicaron ayer en prácticamente todas las ciudades del país. La costanera fue el escenario local, donde familias y prestadores de servicios se concentraron para visibilizar la problemática.

Familiares de personas discapacitadas e integrantes de agrupaciones participaron ayer en la manifestación frente al Congreso de la Nación, en reclamo contra el veto del presidente Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad. Frente a esta protesta, la Policía Federal Argentina y la Gendarmería Nacional activaron el protocolo antipiquetes, lo cual provocó algunos enfrentamientos cara a cara con los manifestantes.
Este reclamo se replicó en ciudades de todo el país. En Corrientes, los familiares y prestadores de servicios se convocaron en la costanera. "Nos concentramos aquí con otros centros también para poder visibilizar esta herida que hoy sentimos por parte del Gobierno nacional con el veto a la ley de discapacidad, en la cual no se estaban reclamando privilegios, sino que no se vulneren los derechos de las personas con discapacidad. Esos derechos que tanto han costado conseguir", dijo Yanina Barriola, del Centro Puentes, en declaraciones radiales.
"Se está llegando a
lo que el Gobierno quiere: privilegiar
a los que tienen.YANINA BARRIOLA
PRESTADORA DE SERVICIO
Respecto de cómo está el sector, con el tema prestaciones, dijo: "Actualmente, estamos cobrando el mes de marzo y hay prestaciones y hay obras sociales que recién están dándonos las autorizaciones a partir de agosto, entonces ha pasado medio año que se ha trabajado gratis porque ellos (el Gobierno nacional) no reconocen el trabajo anterior, cuando los expedientes han sido presentados en tiempo y forma y no han tenido modificaciones, pero ellos consideran que, cuando recién lo ven, van a autorizar, así que estamos teniendo un atraso de pago de prácticamente diez meses".
Además, indicó que, en lo que va del año, no han tenido ningún aumento por sus prestaciones. "Estamos con valores del nomenclador del 2024", afirmó y remarcó: "Se hace difícil de sostener, se trata de consensuar con los papás (de niños con discapacidad); por ahí, ellos arreglan con el transporte. En vez de venir 5 días, los traen 2, y todo esto repercute en el tratamiento de las personas con discapacidad. Ellos necesitan atención permanente, no cuando se pueda".
Barriola lamentó: "Acá los únicos perjudicados son las personas con discapacidad, más allá de aquellos que trabajamos de esto". "Se está llegando a lo que el Gobierno nacional quiere: privilegiar a los que tienen poder adquisitivo; es decir, los que tienen van a acceder a los servicios y el que no, se quedará en su casa".
El lunes se conoció, a través del Boletín Oficial, que el Ejecutivo aplicó el veto a la iniciativa que contaba con la aprobación tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.
Justamente, el Congreso buscó que la emergencia nacional en discapacidad sea hasta 2026. Así, buscaba crear una nueva pensión no contributiva compatible con el trabajo formal y establecía actualizaciones automáticas de aranceles y compensaciones para prestadores. Desde la Casa Rosada estimaron que esto implicaría un gasto de más de 2 billones de pesos en 2025 y 4,7 billones en 2026, sin contemplar el impacto en el programa de atención médica Incluir Salud.
Silencio libertario
En Corrientes, los candidatos por La Libertad Avanza que buscan el voto de los electores para diferentes cargos hacen la vista gorda sobre el tema. Como el caso de Ana María Pereyra, que busca ser la próxima intendenta de Corrientes.
En el mismo sentido, hay silencio de parte de su compañero de fórmula, el reconocido pediatra Flavio Serra, e incluso del presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Pedro Cassani, que, si bien no se presenta como candidato en estas elecciones, optó por cerrar filas con La Libertad Avanza.
El propio Lisandro Almirón, que busca ser gobernador bajo la bandera de Milei, se ha llamado a silencio con este tema.
Para los libertarios, los discapacitados no forman parte de la agenda. No es una responsabilidad del Estado su respaldo, los desconocen.


