Cristina Kirchner solicitó suspender la ejecución de sus bienes un día antes del vencimiento del plazo

A pocas horas del vencimiento del plazo impuesto por la Justicia para depositar $684 mil millones en concepto de decomiso por administración fraudulenta, Cristina Fernández de Kirchner presentó un escrito solicitando la suspensión de la ejecución de sus bienes. En el documento, la ex mandataria cuestionó la validez del cálculo realizado por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), defendió la legitimidad de su patrimonio y criticó duramente el accionar de los fiscales del caso.

El pedido fue presentado junto a sus abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, quienes además interpusieron un recurso de casación ante la Cámara de Casación Penal para impugnar la resolución judicial del pasado 15 de julio, que actualizó el monto del decomiso a más de $684 mil millones (equivalentes a unos 537 millones de dólares), una cifra determinada por peritos de la Corte Suprema utilizando el índice de precios al consumidor (IPC) del INDEC.

En su presentación, la ex presidenta afirmó no poseer bienes que puedan ser considerados producto o provecho del delito por el cual fue condenada, e insistió en que su patrimonio es "absolutamente legítimo", argumentando que ya ha sido investigado y sobreseído en otras causas relacionadas con enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

"Durante este largo proceso de persecución que vengo padeciendo desde hace más de veinte años, distintas sentencias firmes demostraron el origen legítimo de los bienes que integraron el patrimonio de Néstor Kirchner y el mío", expresó Kirchner en su escrito de 28 páginas.

También cuestionó a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, acusándolos de no haber llevado a cabo una investigación patrimonial adecuada que vincule sus bienes con el delito investigado. Aseguró que el tribunal "convirtió una estimación provisoria en definitiva sin permitir su debate previo", lo que —a su entender— vulnera garantías constitucionales como el derecho a defensa, el principio del juez natural y el derecho de propiedad.

Kirchner criticó la elección del IPC como método de actualización del monto del decomiso, y planteó que su aplicación elevó "cien veces" el valor original. Afirmó que esto configura un acto "confiscatorio", expresamente prohibido por la Constitución, y acusó al tribunal de incurrir en "un verdadero disparate jurídico".

Finalmente, advirtió que el accionar del TOF 2 podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado argentino por violación de derechos y garantías constitucionales, al tratarse —según su interpretación— de una medida arbitraria e inconstitucional.

Ahora, será el Tribunal Oral Federal 2, compuesto por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, el que deberá resolver si hace lugar o no al pedido de suspensión de la ejecución.

Mientras tanto, mañana a las 09:30 vence el plazo para que Cristina Kirchner y los demás condenados —entre ellos, el empresario Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López y ex funcionarios de Vialidad Nacional y provincial— depositen el monto establecido, bajo apercibimiento de avanzar con el embargo y ejecución de bienes.

La causa Vialidad, iniciada por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas, culminó en diciembre de 2022 con condenas por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La defensa de la ex presidenta continúa sosteniendo que se trata de una persecución judicial con fines políticos.