Denuncian operación de inteligencia para grabar conversaciones privadas de Karina Milei
El Gobierno nacional presentó una denuncia formal luego de la difusión de audios privados atribuidos a Karina Milei, en los que se sostiene que existe una operación ilegal cuyo objetivo sería "desestabilizar los principales indicadores de la política económica y, de este modo, influenciar el proceso electoral en las próximas elecciones legislativas".
El escrito, presentado por el Ministerio de Seguridad Nacional, solicita como medida cautelar urgente la prohibición de difusión, reproducción y circulación de los registros obtenidos, así como de cualquier otro material vinculado con lo que se describe como una maniobra ilícita. La solicitud se fundamenta en la necesidad de preservar la legalidad, el Estado de Derecho y la transparencia de los procesos democráticos.
Uno de los aspectos más alarmantes señalados en la denuncia es la posible ejecución de parte de esta operación dentro de la propia Casa Rosada. "La mera posibilidad de que se hubieran realizado grabaciones encubiertas dentro de la sede del Poder Ejecutivo Federal, o en otros despachos públicos, otorga a la maniobra una gravedad inusitada", advierte el documento oficial.
La denuncia apunta directamente a una "organización criminal" que habría hecho uso impune de conversaciones privadas de Milei, lo que el Gobierno considera "una injerencia sin precedentes en la vida política del país". El Ministerio describe la acción como una "operación de inteligencia no institucional e ilegal, cuidadosamente planificada para alterar la opinión pública y quebrar las reglas de juego de la democracia".
Además, el texto enfatiza que no se trata de una filtración espontánea, sino de una campaña orquestada con fines políticos y comunicacionales, violando la Ley de Inteligencia Nacional (Ley 25.520). Según se detalla, las grabaciones habrían sido amplificadas a través de redes sociales y medios de comunicación seleccionados con el fin de "desacreditar al Gobierno".
El momento de la difusión no sería casual, según interpreta el Gobierno, ya que coincide con el tramo más intenso de la campaña electoral en la provincia de Buenos Aires, con vistas a las elecciones legislativas del 7 de septiembre, y también con la previa de los comicios nacionales del 26 de octubre. En este sentido, la denuncia sostiene que se trata de un intento de "enrarecer el clima preelectoral y generar violencia durante las apariciones públicas de los funcionarios espiados".
La causa judicial aún está en etapa preliminar, pero desde el Ejecutivo insisten en la necesidad de una rápida actuación de la Justicia para evitar que estas prácticas ilegales tengan impacto en el desarrollo democrático del país.
*Con informacion de Infobae
