Defienden el patrimonio público y la institucionalidad en caso de cuota alimentaria
En un nuevo avance judicial en defensa de los recursos públicos y la institucionalidad, la Fiscalía de Estado de Corrientes logró revertir la Resolución N° 252 dictada por la Jueza de Familia, Niñez y Adolescencia N° 4, Luisa Carolina Macarrein, que obligaba al Gobierno provincial a abonar un Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) a una familia en concepto de cuota alimentaria.
Este fallo, que comprometía los recursos de todos los correntinos y abría la puerta a un precedente que podría afectar al erario público, fue rápidamente impugnado por los abogados de la Fiscalía. Los letrados presentaron sólidos argumentos en los que dejaron en claro que el Estado provincial ya está cumpliendo con su deber de asistir a las familias vulnerables a través de diversos programas sociales que incluyen asistencia social, psicológica y económica.
Una resolución de alto impacto
La decisión de la jueza, tomada pocos días antes de las elecciones provinciales, incluía expresiones de fuerte presión hacia el Gobierno, con el riesgo de revictimizar a los menores involucrados al exponerlos públicamente ante la opinión pública. Sin embargo, gracias a la intervención de la Fiscalía de Estado, la medida fue revocada, reafirmando que la asistencia a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad debe canalizarse a través de los programas sociales y oficiales del Gobierno, no por medio de medidas judiciales que desvíen el curso de la política pública.
La protección de los más vulnerables
La Fiscalía de Estado demostró que el Gobierno provincial ha sido constante en su acompañamiento a la familia en cuestión. A través de programas como la Tarjeta Sapukay, el Programa Integral de Asistencia a la Comunidad en Riesgo, la Tarifa Social de Agua, el Programa Alimentario Provincial y la Garrafa Social, el Ejecutivo provincial ha garantizado asistencia continua y efectiva a quienes más lo necesitan.
Un refuerzo a la legalidad y la institucionalidad
Este triunfo judicial no solo refuerza la capacidad de la Fiscalía de Estado para proteger los recursos públicos, sino que también subraya la importancia de mantener el cumplimiento de las políticas sociales dentro del marco legal. No es la primera vez que la Fiscalía interviene para frenar medidas judiciales que exceden las competencias legales. En un caso reciente, la misma jueza había intentado imponer el pago de un SMVM en otro litigio relacionado con alimentos, pero nuevamente, la Fiscalía logró que se revocara la resolución.
Compromiso con la justicia y el bienestar social
Este resultado confirma el firme compromiso del Gobierno provincial en dos frentes: la protección de los fondos públicos y la garantía de que la asistencia social llegue a quienes más lo necesitan, siempre dentro de los canales oficiales y de acuerdo con los programas institucionales establecidos.
La Fiscalía de Estado, una vez más, ha demostrado su rol esencial en la defensa del patrimonio público y la correcta implementación de las políticas sociales, consolidándose como un pilar fundamental para la estabilidad y el bienestar de todos los correntinos.
