Segunda cadena perpetua en Italia para un exmilitar uruguayo

El exmilitar uruguayo Jorge Néstor Troccoli fue condenado este martes a una segunda cadena perpetua por su participación en crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar uruguaya, en el marco del denominado Plan Cóndor, la red de represión coordinada entre las dictaduras del Cono Sur durante las décadas de 1970 y 1980.
La nueva sentencia fue dictada por el Tribunal Penal de Roma y se suma a una condena anterior, también a prisión perpetua, que Troccoli cumple desde 2021 en Nápoles. En esta oportunidad, fue hallado culpable por su responsabilidad en el secuestro y asesinato de tres personas, entre ellas la maestra uruguaya Elena Quinteros, y la pareja compuesta por el argentino José Agustín Potenza y la ciudadana italiana Raffaella Filipazzi, quienes fueron desaparecidos en 1977.
Raffaella Filipazzi es madre de Beatriz García, una mujer correntina que dedicó décadas a la búsqueda de su madre. Sus restos fueron finalmente hallados en Paraguay y repatriados a Corrientes, donde descansan en el Memorial del Desaparecido del Cementerio San Juan Bautista.
Durante el juicio, testificaron Beatriz García y una hija de Potenza, así como el abogado y exsubsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, Pablo Vassel, quien celebró el fallo con un mensaje en redes:
"Hace 30 meses declaré en este juicio que hoy conoció su veredicto en Roma. Otra condena imprescindible en el necesario proceso de Memoria, Verdad y Justicia. Quiero destacar el trabajo profundo de militantes y abogados de Italia, el Equipo Argentino de Antropología Forense y su par paraguayo, además del testimonio incansable de familiares".
Vassel también recordó que los restos de José Potenza fueron entregados a su familia, al igual que los de Filipazzi:"Una valiosa resolución en tiempos de negacionismo y reivindicación gubernamental del terrorismo de Estado", señaló.
Troccoli, nacido en Montevideo en 1947, integró el Cuerpo de Fusileros Navales (FUSNA) como oficial de inteligencia. Numerosos sobrevivientes lo señalaron como uno de los principales responsables de torturas y desapariciones en Uruguay. En 2007, se refugió en Italia antes de ser procesado en su país, aprovechando su doble ciudadanía.
Durante el juicio en Roma, el acusado intentó desvincularse de los crímenes, alegando que desconocía el Plan Cóndor y que sus tareas eran meramente administrativas. "No soy un criminal, no he asesinado a nadie", dijo en una declaración leída en abril. Sin embargo, el tribunal consideró que existían pruebas contundentes de su participación directa en los hechos.
Para Alicia Mejía, abogada de la familia de Elena Quinteros, el fallo representa "una gran victoria de la justicia italiana", ya que es la primera condena individual por el asesinato de la maestra y militante del Partido por la Victoria del Pueblo, símbolo de la represión uruguaya.

