Afiliados rehenes de la interna: cómo la crisis de Camioneros golpea al gremio y a la obra social
En Corrientes, la disputa interna dentro del Sindicato de Choferes de Camiones dejó de ser un tema de pasillos sindicales. La seccional atraviesa una crisis que afecta directamente a los afiliados, quienes ven interrumpido o debilitado el funcionamiento de la estructura que debería proteger sus derechos laborales y brindarles cobertura de salud.
El origen del conflicto está ligado a denuncias cruzadas por el manejo de fondos millonarios y al desplazamiento del secretario general, cuya restitución fue ordenada por la Justicia federal, pero resistida por el sector que hoy controla el edificio y los resortes administrativos del gremio.
La toma de posiciones internas, las asambleas impugnadas y las decisiones cuestionadas derivaron en una virtual parálisis institucional. En la práctica, esto se traduce en trámites demorados, reclamos que no encuentran canal, escasa previsibilidad para las gestiones laborales y un funcionamiento irregular de los órganos internos.
La obra social, pieza central para los trabajadores y sus familias, tampoco está ajena a esta crisis: se denuncian demoras en autorizaciones, conflictos operativos y deficiencias en la prestación de servicios que generan malestar e incertidumbre.
Con el correr de los meses, nuevas listas y sectores internos se sumaron a la disputa, cuestionando la legitimidad de la conducción, denunciando irregularidades y exigiendo una normalización institucional supervisada por la justicia y por las autoridades gremiales nacionales.
Esta multiplicación de actores profundizó la fragmentación y complicó los canales de diálogo, en un contexto en el que la prioridad para los afiliados es recuperar un funcionamiento normal del sindicato y de la obra social.
La judicialización del conflicto incluye amparos, medidas cautelares, impugnaciones y denuncias por presuntas irregularidades administrativas y económicas. Las actuaciones ya llegaron a la Cámara Federal de Apelaciones y al Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, identificados como los órganos llamados a resolver en el corto plazo.
Desde múltiples sectores coinciden en que una intervención clara y definitiva de los máximos tribunales es indispensable para restaurar el orden institucional, garantizar el respeto de los estatutos y asegurar que el gremio y la obra social vuelvan a funcionar con normalidad.
Lo que está en juego, advierten las voces internas, no es solo el nombre de quienes conduzcan el gremio, sino la calidad de la representación sindical, la transparencia en el manejo de los recursos y la continuidad de prestaciones esenciales para miles de trabajadores.
Hasta que no se adopte una decisión firme y se encare un proceso de normalización, los afiliados seguirán viendo cómo una interna de poder se traduce en menos servicios, más incertidumbre y una progresiva erosión de sus derechos.
