Las crisis: Bogotazo en Colombia, el inicio de un ciclo perpetuo de violencia

Cerramos el 2025 de la columna con esta serie referente a grandes crisis políticas y sociales del siglo pasado, algunas fueron efímeras y otras tuvieron una extensa duración. El caso de Colombia es de los últimos, porque, producido el Bogotazo a mediados de la centuria pasada, creció la violencia, primero de la guerrilla y posteriormente de los paramilitares y el narcoterrorismo, beligerantes convergentes en medio siglo de fragmentación social y política, un proceso que en la actualidad aún no ha culminado.

Colombia es un país de contrastes profundos, donde su geografía compleja —marcada por la selva amazónica y los tres ramales de la cordillera de los Andes— ha sido tanto una riqueza como un obstáculo para la integración nacional. Esta desconexión territorial facilitó que, tras la independencia y la pérdida de Panamá en 1903, el país se sumergiera en una inestabilidad que mutó de las pugnas políticas a una guerra civil de baja intensidad que aún persiste.

El detonante fue el Bogotazo que puso fin a la esperanza en el desarrollo del país. En la década de 1940, la figura de Jorge Eliécer Gaitán emergió como un faro para las clases populares, denunciando la exclusión y la violencia política. Sin embargo, el 9 de abril de 1948, mientras Bogotá era sede de la Conferencia Panamericana (en los albores de la Guerra Fría), Gaitán fue asesinado. El magnicidio desató el Bogotazo, una revuelta social sin precedentes que dejó cerca de 500 muertos y gran parte del centro de la capital en ruinas. Este evento marcó el inicio de "La Violencia" (1948-1958), un período de enfrentamiento sangriento entre liberales y conservadores, que obligó a miles de campesinos a desplazarse o a tomar las armas.

La siguiente etapa produjo una paulatina mutación desde un conflicto con guerrillas ideológicas a una guerra civil con múltiples actores involucrados. La alianza Frente Nacional (1958) logró un pacto de alternancia entre los partidos tradicionales, no quiso o no pudo resolver las desigualdades estructurales del país. Por ello, bajo el influjo de la Revolución Cubana, en los años 60 y 70 surgieron grupos insurgentes con base marxista – leninista como las FARC –Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia– en 1964 con origen rural y campesino; el ELN –Ejército de Liberación Nacional– de 1965, con un perfil estudiantil y de formaciones religiosas de base, y ya en los años 70 el M-19 –Movimiento 19 de Abril–, con enfoque en la guerrilla urbana en las grandes ciudades, al estilo de los tupamaros orientales.

La geografía colombiana se convirtió en el mejor aliado de la insurgencia, permitiéndoles operar en zonas donde el Estado era inexistente. Como respuesta, los hacendados y grandes terratenientes crearon las llamadas Autodefensas o paramilitares, unas milicias financiadas por élites rurales y sectores que buscaban protección de la guerrilla al margen de la ley, exacerbando el derramamiento de sangre.

El tercer factor en entrar en juego y converger en el ciclo de violencia fue el narcotráfico, el cual operó como gasolina para avivar el fuego. En los años 70, el auge de la demanda de cocaína en EE. UU. transformó el conflicto. Antiguos contrabandistas formaron los carteles de Medellín y Cali. El narcotráfico no solo financió a guerrillas y paramilitares, sino que infiltró fuertemente a la política y la estructura del Estado, como se vio en el escándalo del Proceso 8.000 durante el gobierno de Ernesto Samper.

En las últimas décadas del siglo XX la violencia alcanzó picos terroríficos, con la participación de guerrillas, paramilitares, bandas narco y el ejército y la policía, estos últimos asesorados por la DEA –Drug Enforcement Administration– norteamericana, una agencia estatal que vivía a su vez una guerra subterránea con su par de espionaje, la CIA –Central Intelligence Agency–, en el marco de los conflictos desatados durante la Guerra Fría, como los que ocurrieron en Nicaragua, Panamá, El Salvador y Guatemala. 

En 1985 se produjo también el clímax de la violencia guerrillera con el asalto al Palacio de Justicia de Bogotá, una toma cinematográfica planeada y ejecutad por el M-19 que terminó en una masacre de guerrilleros tras la retoma del edificio por los militares.

Por ello, durante los años 80 y 90, la violencia en Colombia alcanzó niveles críticos debido a la irrupción del narcoterrorismo y la consolidación del paramilitarismo. El cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, declaró una guerra frontal contra el Estado para evitar la extradición a Estados Unidos, utilizando coches bomba, asesinatos de candidatos presidenciales, jueces y periodistas, además de actos atroces como la voladura de un avión de la aerolínea Avianca. Esta era de terror urbano buscaba arrodillar a las instituciones y se mezcló con la corrupción de la estructura estatal, generando un clima de miedo generalizado en las grandes ciudades.

Simultáneamente, en las zonas rurales, el conflicto se recrudeció con el auge de las Autodefensas (paramilitares), grupos armados ilegales financiados por ganaderos, empresarios y narcotraficantes para combatir a las guerrillas. Estas organizaciones, que más tarde se agruparon en las AUC –Autodefensas Unidas de Colombia–, desataron una violencia paraestatal sistemática que resultó en masacres de civiles, despojo de tierras y millones de desplazados internos. La combinación de estos actores, sumada a la respuesta militar del Estado y la influencia de las agencias extranjeras, convirtió a esas dos décadas en el periodo más sangriento y complejo de la historia contemporánea colombiana.

Al terminar el siglo XX, el conflicto no había cedido. Los paramilitares se consolidaron en las AUC, aumentando las masacres contra civiles, mientras las FARC se fortalecían militarmente. 

La respuesta internacional llegó con el Plan Colombia, una estrategia de fuerte componente militar apoyada por EE. UU. para combatir el narcotráfico y la insurgencia. La historia de Colombia demuestra que la violencia no ha sido un evento aislado, sino una cadena de reacciones donde la corrupción endémica y la falta de control territorial han permitido que diversos actores (guerrillas, narcos y paramilitares) disputen la soberanía al Estado. El desafío sigue siendo cerrar las brechas que el Bogotazo dejó abiertas hace más de 70 años.