Homologan reparación integral en juicio por homicidio culposo y declaran extinguida la acción penal

En el marco de un juicio fijado ante el Tribunal Oral Penal N°2 de la ciudad de Corrientes, actuando como órgano unipersonal se resolvió homologar un acuerdo de reparación integral del perjuicio alcanzado entre las partes, lo que derivó en la extinción de la acción penal respecto de los acusados.

 
La causa se encontraba elevada a juicio por homicidio culposo por conducción imprudente de vehículo automotor y lesiones culposas graves en concurso ideal, imputaciones formuladas contra dos acusados.

Propuesta de las partes

Previo a la apertura del debate, las partes plantearon como cuestión previa la posibilidad de arribar a una salida compositiva mediante reparación integral, solicitud que fue acompañada por el Ministerio Público Fiscal, las defensas técnicas y la víctima sobreviviente, quien expresó su conformidad con la solución propuesta.

Asimismo, estuvo presente el representante legal de la víctima que había intervenido en etapas preliminares del proceso, aunque sin haberse constituido formalmente como querellante en esta etapa.

Escucha activa

Durante la audiencia, el tribunal escuchó a todas las partes intervinientes, quienes expusieron sus fundamentos y manifestaron de manera expresa su acuerdo con la solución planteada, verificándose en ese acto una cabal comprensión de los alcances y límites del acuerdo reparatorio, así como de sus consecuencias jurídicas.

Las partes explicaron además las razones que justificaban el carácter excepcional del planteo, señalando que la posibilidad de arribar a una solución reparatoria no había podido concretarse adecuadamente en instancias anteriores del proceso debido a diversas dificultades en la transmisión y comprensión de la voluntad de la víctima y el juez de garantías.

En ese contexto, y sin que se abriera el debate, el juez analizó la procedencia del planteo a la luz de los principios del sistema acusatorio vigente en la provincia, destacando que el proceso penal constituye un instrumento destinado a resolver conflictos derivados del delito y no un fin en sí mismo.

Para ello se apoyó en la doctrina moderna, que sostiene que el proceso penal moderno debe privilegiar soluciones que permitan resolver el conflicto penal de manera efectiva cuando ello resulte compatible con los intereses de las partes y no se vean comprometidos intereses públicos relevantes, haciendo las salvedades ante un eventual jurado popular.

Asimismo, el tribunal verificó que no existían razones de interés público ni motivos vinculados a la seguridad pública que desaconsejaran la procedencia de esta salida alternativa, teniendo en cuenta la conformidad de todas las partes intervinientes, la voluntad expresada por la víctima y el cumplimiento inmediato de la reparación ofrecida.

También se valoró la "experiencia institucional que viene desarrollándose en la provincia de Corrientes desde la implementación del sistema acusatorio", particularmente en la capital provincial durante los últimos años, donde se ha promovido el uso de mecanismos alternativos de resolución de conflictos.

En virtud de ello, el tribunal consideró acreditadas las circunstancias excepcionales que habilitaban la procedencia de la salida compositiva solicitada.

Como resultado, se dictó sentencia "homologando el acuerdo alcanzado entre las partes", dejando constancia de que los imputados abonaron en la misma audiencia las sumas ofrecidas en concepto de reparación integral, quedando las prestaciones debidamente registradas en el acta de audiencia.
En consecuencia, el juez declaró "extinguida la acción penal" respecto de ambos imputados y dispuso su "sobreseimiento en relación al hecho objeto del proceso", dejando a salvo la eventual vía civil y renunciando las partes a una eventual impugnación.

La decisión fue destacada como un "ejemplo del funcionamiento del sistema acusatorio previsto en la Ley 6518", excepcional en juicio, que habilita soluciones consensuadas cuando se logra reparar el daño causado y no existen razones de interés público que justifiquen la continuación del proceso penal.

Este caso refleja una "aplicación innovadora de las herramientas procesales disponibles", permitiendo resolver el conflicto penal antes de la apertura del debate oral mediante una reparación efectiva del perjuicio sufrido por la víctima.