Dieron a conocer los montos de las multas para recuperar los vehículos secuestrados

El endurecimiento de las políticas de control vial en la capital correntina ha transformado las infracciones de tránsito en un verdadero dolor de cabeza para los que no cumplen con la normativa vigente.  Según los datos aportados a Radio Sudamericana por Catalina Giménez, titular del Juzgado de Faltas N.° 1, el secuestro de automóviles y motocicletas se ha consolidado como la herramienta principal para sancionar conductas que ponen en riesgo la seguridad pública. 

En un contexto donde la unidad de multa se posiciona en los $ 600, los montos a abonar para liberar un rodado del playón municipal pueden alcanzar cifras que superan ampliamente el millón de pesos en los casos más severos, reflejando una política de "tolerancia cero" ante las faltas graves.

La falta de casco, una de las infracciones más recurrentes y peligrosas, conlleva sanciones que oscilan entre las 100 y las 300 unidades de multa, lo que se traduce en un desembolso obligatorio de entre $ 60.000 y  $ 180.000 para poder recuperar la unidad. A esto se suma el control estricto sobre el estado técnico del vehículo: circular sin espejos retrovisores o sin el sistema de luces reglamentario ya no es una falta menor, sino que implica el retiro inmediato de la vía pública con costos que parten desde los $36.000 y escalan rápidamente según la acumulación de deficiencias.

En el caso de los automovilistas, el estacionamiento indebido y el uso del teléfono celular al volante representan las causas más frecuentes de acarreo. Si bien estacionar en lugares prohibidos puede parecer una falta cotidiana, la jueza Giménez advierte de que las multas pueden trepar hasta los $ 132.000 dependiendo de la gravedad y la reincidencia del infractor. 

Sin embargo, la sanción más drástica del código municipal sigue siendo la alcoholemia positiva. Para un conductor de automóvil, manejar bajo los efectos del alcohol puede significar una multa de hasta 2.500 unidades, alcanzando el impactante monto de $ 1.500.000, además de una inhabilitación que puede superar los diez meses de prohibición para conducir.

Incluso para los motociclistas, el mínimo por alcoholemia es de $ 180.000, dejando en claro que la combinación de alcohol y conducción es la falta más castigada por el tribunal.

Más allá del factor económico, el proceso de restitución del vehículo exige la regularización de toda la documentación del rodado, cuya ausencia es en sí misma una causa de secuestro que inicia en los $60.000. 

Circular sin la cédula correspondiente, la licencia de conducir habilitante o el seguro obligatorio impide cualquier intento de retiro del vehículo, incluso si se abona la multa principal. 

Las autoridades han puesto especial énfasis en la identificación de los vehículos: aquellas unidades que circulan sin chapa patente o con dominios adulterados enfrentan cargos que llegan a los $ 600.000, debido a que estas irregularidades suelen estar vinculadas a delitos que exceden lo estrictamente vial.

Finalmente, el sistema administrativo ofrece algunas ventanas de alivio, aunque con restricciones claras. El beneficio del pago voluntario, que permite un descuento del 50 % en el monto de la infracción, está estrictamente reservado para faltas consideradas leves, dejando fuera a quienes crucen semáforos en rojo o presenten niveles de alcohol en sangre. 

Para los casos donde el impacto económico es inmanejable de un solo pago, el Juzgado contempla la posibilidad de planes de cuotas, siempre tras una instancia de descargo donde el ciudadano puede exponer su situación. 

Esta etapa de defensa es fundamental, ya que permite al tribunal analizar si el infractor es primario o si existen atenuantes que justifiquen una morigeración de la pena, buscando un equilibrio entre la sanción ejemplificadora y la capacidad de cumplimiento del vecino.