Milei prepara una estrategia para revertir la suspensión de la reforma laboral
Tras los fallos de la Justicia, en la Casa Rosada se discute de qué forma pueden darle validez a la Ley 27802.
El Gobierno nacional pasó casi sin escalas de la euforia por la aprobación de leyes como la reforma laboral en el Congreso a la actual preocupación por los fallos judiciales que suspendieron la aplicación de los cambios en la legislación del trabajo que tanto quería Javier Milei.
Que los jueces laborales iban a fallar en contra de la Ley 27802 de Modernización Laboral era demasiado evidente. El Gobierno apelará el fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N.° 63, que frenó la norma tras un planteo de la CGT, pero en el ambiente empresarial, por ejemplo, quedó sobrevolando la sensación de que la estrategia jurídica de los libertarios fue "improvisada y poco adecuada para lo que está en juego", según opinó el directivo de una importante compañía del sector de servicios, consignó Infobae.
Los juzgados laborales nacionales son vistos por los empresarios como "enemigos" porque suelen dictar fallos en favor de los trabajadores y son parte de un fuero clave en el que hay muchos magistrados que tienen lazos con el kirchnerismo y con los sindicalistas.
Fuentes oficiales admitieron que en la Casa Rosada "había una expectativa clara de que la reforma laboral se iba a judicializar, pero no se preveía que algunos jueces se iban a animar a tanto", en referencia al titular del Juzgado del Trabajo N.° 63, Raúl Horacio Ojeda, que entre 2004 y 2012 se desempeñó como asesor de Carlos Tomada, el ministro de Trabajo de Néstor y Cristina Kirchner en sus 12 años de gestión.
"Ojeda debió haberse excusado porque es parte del kirchnerismo, como alguna vez se excusó otro juez laboral en una causa porque había cobrado honorarios para dar una conferencia en un sindicato", dijo la fuente.
La semana pasada, además, el titular del Juzgado del Trabajo N.° 74, José Ignacio Ramonet, dictó un fallo que, tras un planteo de la UDA, suspendió la aplicación del artículo de la reforma laboral que declaró a la educación como servicio esencial y obliga a los sindicatos del sector a mantener un 75 % de prestación normal de la actividad en caso de huelga.
