Las amenazas de tiroteo "no son una broma, sino un delito", advierte la Justicia
Las amenazas de tiroteos en escuelas continúan en todo el país y, en medio de un clima de preocupación e incertidumbre, las autoridades decidieron poner control a través de allanamientos, operativos e inspección de mochilas, y comunicados desde la Justicia para aclarar las implicancias legales para los autores y sus padres o tutores.
En el caso de Corrientes, el Ministerio Público Fiscal advirtió este lunes que, aunque se crea que los mensajes anónimos sobre ataques en escuelas son "solo un reto viral" en TikTok o "una travesura" para no tener clases, las amenazas constituyen "un delito" para el Código Penal argentino.
"Escribir un mensaje en un banco, dejar un cartel en el baño o publicar una amenaza en redes sociales puede tener consecuencias reales" para los alumnos y sus familias, advirtió el Ministerio Público Fiscal de Corrientes.
El comunicado detalla las consecuencias:
-Genera pánico: afecta la salud emocional de los alumnos, docentes y familias.
-Moviliza recursos: se activan protocolos y fuerzas policiales que deben atender emergencias reales.
-Trae consecuencias legales: la Justicia investiga el origen de estos mensajes, ya que incluso los anónimos dejan rastro digital y físico.
El MPF insiste en que este tipo de amenazas "no son bromas, sino un delito", y especifica:
-Las amenazas anónimas tienen una pena de hasta 3 años de prisión (artículo 149 bis, primer párrafo, último supuesto del CP).
-La intimidación pública contempla hasta 6 años de prisión para quien, para infundir temor público o generar desórdenes, amenace con la comisión de un delito de peligro común (artículo 211 del CP).
-En el caso de uso de elementos peligrosos, si se mencionan o emplean explosivos o químicos, la pena sube hasta 10 años de prisión.
Además, el comunicado oficial aclara que, aparte de la responsabilidad penal que podría caberle como autor a un alumno, sus padres o tutores "pueden enfrentar demandas civiles millonarias por los daños causados y los costos de los operativos de seguridad".
Por eso, el MPF aconseja que, en el caso de ver un mensaje de este tipo, no viralizarlo y avisar inmediatamente a las autoridades escolares.
En Puerto Madryn (Chubut), informaron que este lunes se llevaron a cabo allanamientos contra dos menores, ambos de 16 años, en el marco de una causa por intimidaciones.
En Salta, medios locales comunicaron que se reforzaron los controles en las diversas instituciones educativas y en un colegio se revisaron más de 400 mochilas, informó la agencia Noticias Argentinas.
La situación en Tucumán es similar a la de otras provincias, debido a que se intensificaron los controles y la presencia policial en la puerta de las escuelas.
En Misiones, el Ministerio de Educación lanzó un plan para difundir materiales específicos destinados a familias, equipos directivos y docentes, con el fin de fortalecer la convivencia escolar y mejorar la detección temprana de posibles situaciones de riesgo.
Redacción
