Las distribuidoras eléctricas podrán cancelar sus deudas con Cammesa: el caso de la DPEC
Como parte del proyecto de reducción de los subsidios por Zona Fría, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó con media sanción, la semana pasada, un artículo que habilita al Estado a aplicar un esquema de compensación cruzada para cerrar el conflicto con las distribuidoras eléctricas, con Edenor y Edesur a la cabeza, por una deuda milmillonaria.
Si el proyecto finalmente se aprueba en el Senado, el gobierno de Javier Milei deberá calcular los ingresos que dejaron de percibir las distribuidoras durante la vigencia de las leyes de emergencia tarifaria, cuando el Estado no cumplió con los mecanismos de actualización de tarifas previstos en los contratos de concesión, siempre y cuando no hayan renunciado a ese reclamo.
Una vez definida la cifra, se habilitará a las compañías a que utilicen ese crédito para compensar deudas que tienen con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (Cammesa), a cambio de que renuncien a reclamos judiciales.
La distribuidora Edenor reclamaba cerca de USD 2.000 millones, mientras que Edesur sostenía reclamos por unos USD 1.200 millones, según Ámbito Financiero.
Al mismo tiempo, ambas compañías acumulaban importantes deudas con Cammesa por compra de energía, impagas durante los años de emergencia tarifaria. La ley aprobada en Diputados permite cruzar ambos conceptos y compensar acreencias y pasivos.
Según los datos incorporados en el proyecto, el mecanismo terminará implicando la condonación de aproximadamente USD 1.842 millones en deudas históricas, de los cuales el 69 % corresponde a Edenor y Edesur.
Según el último informe de gestión que presentó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el Congreso, la deuda de las distribuidoras que está siendo regularizada a través de un plan de pagos de 72 cuotas a una tasa equivalente al 50 % de la del Banco Nación firmado el año pasado, sumaba al 28 de febrero de este año $ 2,58 billones, unos USD 1.800 millones al tipo de cambio actual.
El beneficio alcanza solo a aquellas compañías que hayan firmado acuerdos para regularizar sus deudas con Cammesa, la empresa mixta controlada por el Gobierno que se encarga del despacho de las centrales eléctricas, consigna el sitio Econojournal.
De este modo, se deja afuera a un puñado de distribuidoras que no pagan la energía ni aceptaron un plan de pagos, como la cooperativa de Villa Gesell o de Puerto Madryn, contra las cuáles se seguirá la vía judicial.
Entre las que sí podrán recibir el beneficio figura la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC), que figura, según datos de Cammesa, con un saldo regularizado al 28 de febrero de $ 88.000 millones.
La pregunta clave es por qué se les ofrece este beneficio a las distribuidoras si ya vienen cancelando sus deudas. El argumento oficial es que, pese a ese acuerdo, el conflicto con las compañías sigue abierto porque durante los años en que rigieron leyes de emergencia no se respetaron las tarifas previstas en los contratos.
Por eso ahora se busca avanzar con esta compensación cruzada sujeta a la declinación por parte de las distribuidoras "de la totalidad de los reclamos judiciales o administrativos relacionados con los efectos de las emergencias declaradas".
A su vez, el proyecto oficial establece que el eventual crédito que surja a favor de las distribuidoras se destinará "a la cancelación exclusiva de las obligaciones" que estas "tuvieran con Cammesa y hasta el límite de las referidas obligaciones, según corresponda, por la compra de energía eléctrica en el mercado eléctrico mayorista".
Es decir, una vez cancelada esa deuda no les quedará un crédito a favor, que podrían aplicar a otro gasto, si el pasivo que mantiene el Estado con las distribuidoras termina siendo mayor al rojo que esas mismas firmas tienen con Cammesa.
El proyecto establece que será la Subsecretaría de Energía Eléctrica la encargada de determinar las diferencias de ingresos, quedando habilitada para definir la metodología, decidir qué conceptos incluir o excluir y establecer el procedimiento. No intervendrá el Congreso ni la Auditoría General de la Nación ni un organismo técnico independiente.
Redacción, Econojournal y Ámbito
