Corrientes podría contar con promotoras territoriales para asistir a víctimas de violencia
Las cifras vinculadas a la violencia de género continúan reflejando una realidad preocupante tanto a nivel nacional como provincial. En Argentina, según datos del Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación, durante 2023 se registró un promedio de un femicidio cada 27 horas, mientras que en Corrientes los casos de violencia familiar y de género mantienen una tendencia creciente, evidenciando la necesidad de fortalecer las herramientas de prevención, acompañamiento y acceso a la protección estatal.
En ese contexto, se presentó en la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Corrientes un proyecto de ley que propone la creación del Programa de Promotoras y Promotores Territoriales en Violencia de Género, una iniciativa destinada a fortalecer el trabajo comunitario y acercar los dispositivos de asistencia a las mujeres que atraviesan situaciones de violencia. "La violencia de género continúa siendo una problemática alarmante que requiere una respuesta integral y permanente del Estado. Necesitamos fortalecer las redes de prevención y acompañamiento en cada comunidad para garantizar que las mujeres puedan acceder a la protección, la asistencia y el ejercicio pleno de sus derechos", afirmó la diputada provincial, Albana Rotela Cañete.
La propuesta parte de una realidad que muestran las estadísticas oficiales. Durante 2023, la Oficina de Estadísticas y Registros del Poder Judicial de Corrientes registró un total de 3.340 expedientes relacionados con situaciones de violencia, de los cuales más de dos mil correspondieron al interior provincial. Asimismo, nueve de cada diez víctimas fueron mujeres y los principales agresores resultaron ser ex parejas, convivientes o personas con vínculos familiares directos.
Los datos más recientes profundizan la preocupación. De acuerdo con el relevamiento realizado por la Oficina de Estadística y Registro de Juicios Universales del Poder Judicial, entre enero y diciembre de 2025 se registraron 5.331 casos de violencia en toda la provincia. El informe señala que el 91 por ciento de las víctimas fueron mujeres y que casi la mitad de los hechos denunciados fueron cometidos por ex parejas. La Primera Circunscripción Judicial concentró más de tres mil casos, seguida por la Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta Circunscripción.
Frente a este escenario, el proyecto plantea la conformación de una red de Promotoras y Promotores Territoriales de Género que actúe como puente entre la comunidad y los organismos encargados de brindar asistencia, protección y acompañamiento. La iniciativa busca fortalecer los dispositivos ya existentes mediante personas capacitadas que puedan orientar a las víctimas, facilitar el acceso a la información, promover la detección temprana de situaciones de riesgo y acompañar los procesos de denuncia cuando sea necesario.
Además de la asistencia directa, los promotores tendrán la tarea de desarrollar actividades de sensibilización, talleres, capacitaciones y acciones comunitarias destinadas a erradicar prejuicios y estereotipos que muchas veces contribuyen a invisibilizar las distintas formas de violencia. El proyecto también prevé la elaboración de registros que permitan mejorar el seguimiento de los casos y fortalecer las políticas públicas destinadas a la prevención.
La iniciativa establece que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos será la autoridad de aplicación y tendrá entre sus responsabilidades la formación permanente de los promotores, la creación de un registro provincial, la articulación con universidades, organizaciones sociales e instituciones especializadas, así como la producción y sistematización de información vinculada a la violencia por motivos de género.
Entre sus fundamentos, la propuesta recuerda que el Estado tiene la obligación de garantizar políticas públicas eficaces para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, conforme a los compromisos asumidos por la Argentina a través de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención de Belém do Pará, la Ley Nacional 26.485 y la propia Constitución de la Provincia de Corrientes.
La autora de la iniciativa sostiene que muchas situaciones de violencia permanecen ocultas o no llegan a ser denunciadas debido al aislamiento, la dependencia económica o las dificultades para acceder a los organismos estatales. Por ello, considera fundamental consolidar una política de proximidad territorial que permita que el Estado llegue de manera efectiva a cada barrio y localidad de la provincia, fortaleciendo la prevención y garantizando una respuesta rápida y adecuada ante situaciones de violencia de género
