Nueva concesionaria presentará plan de obras para el centro unificado de frontera
El encuentro será el próximo 7 de julio en el Palacio Legislativo de la ciudad brasileña. La firma Rodovias Mercosul SC romperá su bajo perfil ante los concejales. Explicará los proyectos de infraestructura y responderá por dos conflictos urgentes: el tratamiento de la basura y el freno al transporte interurbano de pasajeros.
La Cámara Binacional de Vereadores (Concejales) sesionará en San Borja para conocer de primera mano el plan de inversiones en el Centro Unificado de Frontera y sus accesos. La convocatoria representa un hecho político importante debido al perfil cerrado de la firma paulista que explota el cruce.
La asistencia de los directivos fue confirmada por el concejal oficialista santotomeño Santiago Saucedo en el programa radial "Agenda Abierta". El edil de la UCR, cercano al intendente Augusto Suaid, detalló que el objetivo central es profundizar en las precisiones técnicas de las obras exigidas en el pliego de licitación de la cabecera del Puente Internacional "De La Integración".
El conflicto por la basura
Más allá de la infraestructura edilicia, la concesionaria llega al encuentro acorralada por una problemática ambiental que se convirtió en un «cuello de botella» operativo: el destino de las toneladas de basura que genera diariamente el movimiento logístico de transporte de cargas.
Rechazo municipal: Tanto el municipio de Santo Tomé como el de São Borja prohibieron el ingreso de estos residuos a sus respectivas plantas de tratamiento locales.
Exigencia contractual: El contrato de concesión obliga a Rodovias Mercosul SC a dar un tratamiento especial a la basura, prohibiendo de forma taxativa su descarga en basurales a cielo abierto.
Transporte interurbano paralizado
El segundo punto conflictivo que se presume será incluido en el orden del día será el reclamo por la restitución del servicio de colectivos de pasajeros entre ambas localidades fronterizas, interrumpido desde el 3 de diciembre de 2025, fecha en que asumió la nueva empresa privada y de entrada nomas consideró que el servicio que prestaba no era comunitario y directamente pasó «la motosierra» al acuerdo que en el año 2018 se firmaran entre las partes, es decir ambos municipio, los organismos binacionales, Mercovia SA y la empresa transportadora Rio Uruguay.
Saucedo aclaró que el Poder Ejecutivo local no puede destrabar el servicio de forma directa por tratarse de una disputa tarifaria entre privados, específicamente entre la transportista Río Uruguay y la concesionaria Rodovias Mercosul SC. La única alternativa viable identificada para reactivar los colectivos requiere una definición de la Delegación de Control (DELCON) y de la Comisión Mixta Argentina Brasileña (COMAB) que determine si corresponde o no eximir del pago de peaje al transporte público de pasajeros.
Fuente: Digital Santo Tomé.
