La Justicia reconoció la responsabilidad del Estado en los fusilamientos de José León Suárez
En un juicio histórico, la justicia federal de San Martín, Buenos Aires, reconoció la responsabilidad del Estado en los fusilamientos que ocurrieron en la noche del 9 de junio de 1956 en la localidad bonaerense de José León Suárez. El fallo califica los hechos como crímenes de lesa humanidad y ordena una reparación para las familias de las víctimas.
La sentencia fue dictada por la jueza federal Alicia Vence en el marco de un Juicio por la Verdad. Los delitos se cometieron entre la noche del 9 y la madrugada del 10 de junio de 1956, cuando un grupo de civiles fue detenido ilegalmente y trasladado a los basurales de José León Suárez, donde varios de ellos fueron ejecutados por fuerzas policiales de la autodenominada Revolución Libertadora.
Los hechos fueron descriptos por el periodista Rodolfo Walsh en su libro "Operación Masacre", de 1957. Para ello, entrevistó al sobreviviente, Juan Carlos Livraga, quien fue conocido como "el fusilado que vive". Su testimonio fue clave para la reconstrucción de la investigación periodística de Walsh y para el juicio que finalmente tuvo su sentencia este lunes.
La sentencia fue leída en el Auditorio Hugo del Carril, ubicado en José León Suárez, a pocos metros del lugar donde ocurrieron los hechos. Allí, la magistrada dio por probado que personal policial allanó de manera ilegal una vivienda de la localidad de Florida por orden de las máximas autoridades de facto de la época, encabezadas por el general Pedro Eugenio Aramburu y el almirante Isaac Francisco Rojas.
Según la resolución, doce personas fueron detenidas y trasladadas primero a la comisaría de San Martín y luego a un descampado donde fueron fusiladas. Como consecuencia de la masacre murieron Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez, Carlos Lizaso y Mario Brión, mientras que otros siete lograron sobrevivir, entre ellos se encontraba Livraga. Este último, brindó su testimonio desde Estados Unidos.
La jueza Vence calificó los hechos como allanamiento ilegal, privación ilegal de la libertad agravada y homicidio agravado por alevosía. Aunque todos los responsables directos e indirectos ya fallecieron, la jueza estableció su responsabilidad penal y señaló que, de haber sido juzgados en vida, les habría correspondido la pena de prisión perpetua.
Además de declarar la responsabilidad estatal y reconocer el carácter de lesa humanidad de los crímenes, la jueza dispuso un amplio conjunto de medidas reparatorias. Entre ellas se encuentra la rehabilitación del buen nombre y honor de las víctimas, la publicación de la sentencia en los boletines oficiales de la Nación y de la provincia de Buenos Aires, y la incorporación de los hechos en los contenidos educativos nacionales y bonaerenses.
La resolución también ordena la instalación de placas conmemorativas en los sitios vinculados a los allanamientos, detenciones y fusilamientos, así como la creación de un sitio de memoria en el predio de los antiguos basurales de José León Suárez. Asimismo, los nombres de las víctimas serán incorporados al registro estatal de víctimas de violencia institucional.
En su dictamen, el fiscal interviniente, Paul Starc, había desaconsejado el juicio, dado que consideró que "ya habían existido homenajes y recordatorios suficientes" sobre el tema. Se trata del extitular de la Unidad de Información Financiera (UIF) durante la gestión de Javier Milei, que volvió a su puesto en la fiscalía tras dejar el cargo en el Gobierno nacional.
Cabe destacar que se tomó como antecedente la experiencia desarrollada en el denominado Juicio por la Verdad sobre la Masacre de Napalpí, realizado en 2022, cuando la Justicia Federal reconoció como crimen de lesa humanidad el ataque perpetrado en 1924 contra comunidades indígenas qom y moqoit en Chaco.
La sentencia, cuyos fundamentos completos se conocerán el 16 de julio, representa un avance significativo en la construcción de justicia. Desde el Gobierno bonaerese destacaron que, además de contribuir al esclarecimiento y la reparación de hechos que dejaron una profunda huella en nuestra historia, reafirma que la memoria, la verdad y la justicia constituyen pilares fundamentales para la consolidación de una democracia plena.
