Financiamiento universitario: la Nación afina números para cumplir con el fallo
La semana pasada, la Justicia obligó al Gobierno a ajustar la estrategia en torno al presupuesto de las casas de estudios.
La decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) sobre la ley de financiamiento universitario, que confirmó una medida cautelar que exige a respetar la normativa, abrió una grieta en el Gobierno nacional.
Desde un comienzo, todos los actores del oficialismo contemplaron como negativo el texto que tuvo insistencia en el Congreso y veto presidencial por su alto costo fiscal, de 1,3 billones de pesos. Pero el potente revés judicial obligó a tener otra mirada y actuar de una forma distinta.
Después de una intransigencia total, hoy los altos mandos de la gestión Javier Milei abren la posibilidad de cumplir con la normativa.
Luis Caputo, ministro de Economía, por lo menos no niega la chance, consignó Noticias Argentinas. En la Casa Rosada aportan que Toto buscará la manera de enviar los fondos que dicta la ley. "Habrá reasignación de partidas pero siempre cuidando el superávit fiscal, eso no se toca", precisó una fuente libertaria al tanto de las conversaciones que se desarrollaron en torno a este problema para el Gobierno. Este problema incluye una interna. Porque hay varios que siguen mirando con recelo la estrategia judicial que se diseñó, por parte del Ministerio de Justicia de Juan Bautista Mahiques, para evitar cumplir con la ley que despertó a la sociedad, con diferentes marchas multitudinarias.
Sectores libertarios confiaron y transmitieron optimismo en relación al camino de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
"Nos va a dar aire", confiaron. Pero claramente esto no sucedió y ahora el Gobierno nacional piensa cómo cumplir con las partidas que requiere la normativa. De hecho, vale destacar que la nueva ley de financiamiento universitario tenía la anuencia de rectores, que dialogaron con Carlos Torrendell (secretario de Educación). Y se negoció un incremento hace semanas, que contó con acuerdo sindical de la Federación de Universitarios (Fedun). Sin embargo, el fallo cambió totalmente el escenario. A propósito del tema, el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, celebró el fallo de la Corte. En concreto, subrayó que es un paso fundamental hacia la normalización del sistema porque "una ley aprobada con tanta legitimidad tiene que cumplirse, ni más ni menos que eso. Entonces creo que el fallo de la Corte es saludable en esos dos sentidos. Y abre una esperanza de que podamos tener efectivamente la aplicación plena de la ley y con eso la resolución del conflicto", dijo.
La semana pasada, la Corte Suprema dejó firme la cautelar que obliga al Estado nacional a aplicar 2 artículos de la Ley 27795 de financiamiento universitario. Al rechazar el recurso del Gobierno por falta de sentencia definitiva, mantuvo en esta etapa la actualización salarial y la recomposición de programas estudiantiles.
El 10 de junio de este año, el Poder Ejecutivo Nacional firmó un acta en la que se comprometió a transferir fondos para un incremento de la masa salarial del 24,33 %, una suba del 20 % en gastos de funcionamiento y una ampliación de las partidas para hospitales universitarios hasta $ 50.000.000.000.
Por eso, la resolución firmada la semana pasada por la Corte Suprema no tiene efectos económicos concretos porque el aumento ya estaba acordado, pero puede leerse como un aval implícito a la ley de financiamiento universitario.
