Rechazaron planteos de queja de dos exsecretarios federales
Pablo Carlos Molina y Federico Alberto Grau quedaron involucrados en la causa en la que condenaron al exjuez Soto Dávila.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó las quejas de Pablo Carlos Molina y Federico Alberto Grau, exsecretarios del Juzgado Federal de Corrientes que fueron condenados junto al exjuez Carlos Soto Dávila en una causa por beneficios judiciales a narcotraficantes a cambio de coimas.
El Tribunal sostuvo que los recursos no estaban dirigidos contra una sentencia definitiva.
Las decisiones fueron dictadas en la causa "Soto Dávila, Carlos Vicente y otros s/ actuaciones complementarias", en los incidentes correspondientes a Pablo Carlos Molina y Federico Alberto Grau. Intervinieron los jueces de la Corte, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
El caso forma parte del expediente en el que fue condenado el exjuez federal Carlos Soto Dávila, quien estuvo al frente del Juzgado Federal N.° 1 de Corrientes durante más de dos décadas y renunció en febrero de 2019, luego de quedar involucrado en la investigación. Según la acusación fiscal, en distintas causas de narcotráfico que tramitaban en ese juzgado se habrían negociado resoluciones, omisiones o demoras a cambio de dinero u otros beneficios.
La hipótesis acusatoria apuntó a la existencia de maniobras para favorecer a imputados por narcotráfico mediante libertades, faltas de mérito, exenciones de prisión u otras decisiones judiciales.
En ese marco, también fueron investigados funcionarios judiciales, abogados y personas vinculadas a causas por drogas.
En junio de 2023, el Tribunal Oral Federal de Corrientes condenó, por mayoría, a Soto Dávila a 6 años de prisión por los delitos de cohecho pasivo agravado por su condición de magistrado, en tres oportunidades, en concurso ideal con tres hechos de prevaricato, todos ellos en concurso real.
En la misma sentencia, los secretarios Pablo Carlos Molina y Federico Alberto Grau recibieron penas de 5 y 4 años de prisión, respectivamente.
Luego, a fines de 2024, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal revisó las apelaciones y, a pedido de la Fiscalía, agravó el cuadro jurídico por el delito de asociación ilícita.
Por ese motivo, ordenó reenviar el caso al Tribunal Oral Federal de Corrientes para que se fijaran nuevos montos de pena. Frente a esa resolución, las defensas de Molina y Grau acudieron en queja ante la Corte Suprema.
Pero el Tribunal cerró esa vía, al menos en esta instancia, por entender que la decisión cuestionada no reunía el requisito de "definitividad" exigido por el artículo 14.° de la Ley 48.
