La ley de desregulación suma otro frente y el Gobierno va por cambios en el mercado del libro

El proyecto de desregulación que impulsa el Gobierno de Javier Milei sumó un nuevo foco de conflicto. Entre las modificaciones que forman parte de la iniciativa aparece el mercado editorial, con cambios a la Ley del Libro y la derogación de la Ley de Protección a la Actividad Librera, dos normas vigentes desde 2001 que regulan el funcionamiento del sector.

La iniciativa forma parte del anteproyecto elaborado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que contempla modificar y eliminar decenas de leyes y cientos de artículos. En este caso, el objetivo es avanzar sobre el esquema que establece un precio único de venta al público para cada libro, definido por editores e importadores.

La posibilidad de modificar ese sistema generó una rápida reacción de libreros, editoriales y cámaras del sector, que sostienen que la normativa vigente permitió desarrollar una amplia red de librerías independientes en todo el país y garantizar condiciones de competencia similares entre pequeños comercios, cadenas y plataformas de venta.

Desde la Cámara Argentina del Libro (CAL) advirtieron que eliminar esas regulaciones podría favorecer una mayor concentración del mercado. Su presidente, Juan Manuel Pampín, sostuvo que la ley fue impulsada por todos los actores de la actividad y remarcó que el precio único evita diferencias entre puntos de venta y protege especialmente a las librerías más chicas. También alertó que, sin ese esquema, las grandes plataformas podrían aplicar estrategias de dumping, vender a pérdida para ganar mercado y terminar desplazando a los comercios independientes.

El debate también se trasladó a las redes sociales. El periodista Hugo Alconada Mon cuestionó el proyecto oficial al advertir que la derogación de ambas leyes podría afectar a las librerías de barrio y al ecosistema cultural, además de señalar que esas normas no representan un costo para el Estado.

La respuesta llegó desde el radicalismo cordobés. Javier Horacio Fabre rechazó esas críticas y aseguró que, después de más de dos décadas de vigencia de las leyes, no aumentó la cantidad de lectores ni se fortaleció la industria editorial. Según planteó, la legislación protege un mercado antes que fomentar el acceso a los libros y puso como ejemplo al Reino Unido, donde, afirmó, el mercado editorial es más grande y dinámico.

Sin embargo, desde el sector librero respondieron con datos sobre ese mismo caso. Aseguraron que la comparación es incorrecta y difundieron dos gráficos para respaldar su postura. Uno muestra que, tras la derogación del sistema de precio fijo en 1995, el precio de los libros aumentó 49,6% en los doce años siguientes, mientras que el índice general de precios al consumidor subió 27,6%. El otro refleja que la cantidad de librerías independientes en el Reino Unido pasó de 1.894 en 1995 a 967 en 2021.

Para las librerías, esa experiencia demuestra que la desregulación no termina beneficiando ni a la industria ni a los lectores. Sostienen que los grandes grupos económicos ajenos al sector editorial pueden vender a pérdida hasta concentrar el mercado y, una vez logrado ese objetivo, elevar los precios. En ese proceso, aseguran, desaparecen las librerías y editoriales medianas y pequeñas, responsables de sostener la diversidad de catálogos y la denominada bibliodiversidad.