Dejaron sin efecto un fallo de sobreseimiento
ibunal de Revisión de Corrientes dejó sin efecto un fallo que había sobreseído a un imputado por lesiones graves.
En la resolución se reafirmó que las víctimas tienen derecho a intervenir antes de que se extinga la acción penal, conforme al Código Procesal Penal, la Ley de Derechos de las Víctimas y los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, consignó ayer la oficina de prensa del Poder Judicial a través de su sitio web.
El Tribunal está integrado por Mario Alberto Alegre, Diego Roberto Núñez Hüel y Karina Elizabeth Asselborn.
En la evaluación se concluyó que el principal defecto del procedimiento fue que la víctima no fue escuchada antes del dictado del sobreseimiento, pese a que el Código Procesal Penal provincial reconoce expresamente ese derecho cuando una decisión implica la extinción o suspensión de la acción penal.
De esta manera se declaró la nulidad del sobreseimiento que había sido dictado en favor de un hombre imputado por el delito de lesiones graves, al considerar que durante el trámite no se garantizó la participación de la víctima, antes de adoptarse una decisión que ponía fin al proceso penal.
La impugnación fue presentada por la víctima junto a su abogado patrocinante, quienes cuestionaron tanto la forma en que fue notificada la resolución como la falta de producción de diversas medidas de prueba que, a su criterio, seguían siendo necesarias para esclarecer el hecho.
Entre los agravios también señalaron la omisión de testimonios considerados relevantes y de peritajes vinculados a los elementos utilizados en el episodio investigado.
Los magistrados recordaron además que los jueces deben ejercer el denominado control de convencionalidad, aplicando los estándares fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En ese marco, señalaron los jueces que las víctimas deben contar con amplias posibilidades de participar en el proceso, formular planteos, ofrecer pruebas y ser escuchadas antes de que se adopten decisiones sobre la responsabilidad penal.
También destacaron que esos principios fueron incorporados por la Ley Nacional 27372 sobre Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos.
