Administración fraudulenta: declaran inadmisible un recurso de casación contra la suspensión del juicio a prueba

El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, mediante la Sentencia N° 194 del 8 de septiembre de 2026, declaró formalmente inadmisible en instancia de casación el recurso interpuesto por la representación de la parte querellante en la causa caratulada "Marti Sebastián Álvaro Raúl p/ Administración Fraudulenta -Capital-", Expediente PEX 264742/22.

La decisión fue adoptada por los ministros doctores Alejandro Alberto Chaín, Eduardo Gilberto Panseri, Luis Eduardo Rey Vázquez y Fernando Augusto Niz, con la presidencia del doctor Guillermo Horacio Semhan y la asistencia de la secretaria jurisdiccional N° 3, doctora Corina Elena Shpoliansky.

El máximo Tribunal provincial concluyó que la resolución que concede la suspensión del juicio a prueba no constituye una sentencia definitiva ni puede equipararse a ella y, por lo tanto, no habilita la instancia extraordinaria de casación. En consecuencia, ordenó dar intervención a la Cámara de Apelaciones en lo Criminal —hoy Tribunal de Revisión— para que analice la impugnación contra la Resolución N° 12/26 del Tribunal Oral Penal N° 2 —actual Tribunal de Juicio N° 2—.

La decisión del Superior Tribunal

Con los votos de sus integrantes, el Superior Tribunal resolvió declarar formalmente inadmisible en instancia de casación el recurso de la querella, porque la resolución que otorga la suspensión del juicio a prueba no constituye una sentencia definitiva ni resulta equiparable a ella.

Al mismo tiempo, dispuso dar intervención al Tribunal de Revisión de Corrientes para que sea ese órgano el que trate la impugnación presentada contra la Resolución N° 12/26 que concedió la suspensión del juicio a prueba.

El hecho: la querella cuestionó la suspensión del juicio a prueba

El Tribunal Oral Penal N° 2 había otorgado a Sebastián Álvaro Raúl Marti la suspensión del juicio a prueba por el término de un año. Entre las reglas de conducta impuestas se establecieron la obligación de fijar domicilio, no ausentarse de la jurisdicción sin autorización, concurrir cuando fuera requerido, no cometer nuevos delitos, realizar ocho horas mensuales de tareas no remuneradas en una asociación civil y donar $150.000 a una institución de bien público, en cinco cuotas mensuales.

Contra esa decisión, los abogados querellantes Julio A. Leguizamón y Estefanía Ceballos, representantes de AGRONOR JC S.A., interpusieron recurso de casación. Plantearon, entre otros argumentos, una deficiente fundamentación y una indebida aplicación del artículo 76 bis del Código Penal. Cuestionaron además que no se hubiera valorado suficientemente la existencia de un litigio laboral promovido por el imputado contra la empresa damnificada, relacionado —según la presentación— con los mismos acontecimientos que dieron origen a la causa penal.

El fiscal general, doctor César Pedro Sotelo, dictaminó por el rechazo del recurso al entender que la querella no había demostrado una errónea aplicación del artículo 76 bis del Código Penal ni un déficit de fundamentación, sino una discrepancia valorativa con la decisión adoptada.

Fundamentos del doctor Chain

Al fundar su voto, el ministro del STJ, doctor Alejandro Alberto Chaín centró el análisis en la admisibilidad formal del recurso. Sostuvo que la decisión que concede una suspensión del juicio a prueba no reviste carácter de sentencia definitiva ni resulta equiparable a ella, porque no pone fin al proceso ni resuelve definitivamente la situación penal del acusado.

El doctor Chaín explicó que la probation produce una paralización temporal del trámite y que la desvinculación definitiva del imputado dependerá del cumplimiento de las reglas impuestas durante el período de prueba.

Agregó que la desvinculación definitiva "no sobreviene con el auto de concesión", sino que queda condicionada al cumplimiento satisfactorio del período establecido. Solo entonces podrá dictarse un sobreseimiento que extinga definitivamente la acción penal.

El ministro aclaró además que esta interpretación no implica privar a la víctima o al Ministerio Público Fiscal del derecho a revisar una decisión que consideren arbitraria o insuficientemente fundada. La cuestión, señaló, radica en determinar cuál es el órgano competente para realizar ese control.

En ese sentido, sostuvo que la revisión debe tramitarse por las vías ordinarias y que corresponde al Tribunal de Revisión, no al Superior Tribunal de Justicia actuando como tribunal de casación. Para Chaín, permitir la casación respecto de cuestiones incidentales o decisiones que no concluyen definitivamente el proceso convertiría al STJ en una tercera instancia ordinaria y afectaría los principios de celeridad y economía procesal.

Por ello concluyó que, al no existir una resolución definitiva y encontrarse disponible una vía ordinaria para revisar los cuestionamientos de la querella, el recurso debía ser declarado formalmente inadmisible.

El presidente del STJ, doctor Guillermo Horacio Semhan, y los ministros Luis Eduardo Rey Vázquez y Fernando Augusto Niz adhirieron expresamente al voto del doctor Chaín y compartieron sus fundamentos.

Fundamentos del doctor Panseri

El ministro del STJ, doctor Eduardo Gilberto Panseri emitió sus propios fundamentos. Señaló que, para determinar la procedencia o denegación de una suspensión del juicio a prueba, corresponde al juez de la causa realizar un examen exhaustivo de la razonabilidad, que en este caso comprende tanto la suficiencia de la reparación económica ofrecida como la pertinencia de las reglas de conducta propuestas.

Panseri sostuvo que ese análisis constituye esencialmente un juicio de oportunidad, mérito y circunstancias fácticas que corresponde a los magistrados de las instancias inferiores. A partir de ello, remarcó:

Según desarrolló el ministro, quien pretenda revisar una decisión de estas características debe aportar razones concretas y sólidamente fundamentadas que permitan explicar por qué el ofrecimiento o las medidas establecidas son insuficientes, deficientes, incompletas o irrisorias. Una discrepancia general con lo resuelto, señaló, no resulta suficiente para habilitar la revisión.

En esa línea afirmó que "solo corresponde anular un pronunciamiento si el razonamiento del Juez es absurdo, ilógico o contradictorio". Aclaró, sin embargo, que ese criterio no supone convalidar decisiones arbitrarias ni desatender los derechos de la víctima o del Ministerio Público Fiscal.

Para Panseri, el ordenamiento garantiza la tutela judicial efectiva y la revisión por un tribunal superior, pero ese control debe realizarse mediante los recursos ordinarios. Por ello coincidió en que el órgano competente para analizar la impugnación es el Tribunal de Revisión.

También destacó que la suspensión del juicio a prueba no clausura el proceso: posterga su finalización y mantiene viva la causa en la instancia de origen. En consecuencia, habilitar la vía extraordinaria de casación frente a una resolución de esa naturaleza desnaturalizaría la función institucional asignada al Superior Tribunal y afectaría los principios de celeridad, eficacia, inmediación y economía procesal.

Finalmente, Panseri votó por rechazar el recurso de casación respecto de las condiciones exigidas para revisar los pronunciamientos sobre suspensión del proceso a prueba, manteniendo el criterio que —según expresó— ya había sostenido en decisiones anteriores.