Cayeron las gestiones y Santo Tomé seguirá sin colectivos hacia São Borja

La Comisión Mixta Argentina-Brasileña (Comab) desestimó el pedido presentado por la Cámara Binacional de Concejales y Vereadores para liberar del pago de peaje a las empresas de transporte de pasajeros sobre el puente internacional De la Integración. Con esta resolución oficial, el ente binacional dejó la decisión en manos de la nueva concesionaria privada y sepultó las gestiones para que la firma misionera Río Uruguay retome el servicio interurbano entre Santo Tomé y São Borja.

En su dictamen, el organismo binacional aclaró que no posee facultades para condonar ni fijar tarifas a entes privados, responsabilidad que recae de manera exclusiva en la firma brasileña SC Rodovias Mercosul. De esta manera, al confirmarse que el servicio solo podría operar bajo la tarifa plena del viaducto, la prestación interurbana quedó formalmente cancelada tras meses de incertidumbre.

La ratificación del rechazo se dio en el marco de la última sesión de la Cámara Binacional de Concejales y Vereadores, que contó con una reducida asistencia de representantes, según informó el sitio Digital Santo Tomé.

En la reunión se puso fin a una serie de gestiones iniciadas por el prefecto de São Borja, José Luiz Rodrigues Machado, y autoridades santotomeñas, quienes intentaron infructuosamente sensibilizar a las autoridades y apelar a la Agencia Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) de Brasil para declarar la esencialidad del tramo.

La interrupción del cruce fronterizo en autobús se arrastra desde el 6 de diciembre pasado, coincidiendo con el fin de la concesión de Mercovía S. A. y el desembarco del nuevo operador del Centro Unificado de Frontera (CUF). La nueva administración eliminó el beneficio de exención de peaje que regía desde 2018 para el transporte de pasajeros, un acuerdo impulsado en su momento por los municipios y la Delegación de Control (Delcon) debido al carácter social y esencial del trayecto.

A pesar de que el nuevo cuadro tarifario del puente redujo drásticamente el costo del peaje para colectivos de 85.000 a 4.800 pesos (o 14,80 reales), la eliminación de la exención total tornó inviable la ecuación económica para la empresa transportista.

Río Uruguay, que realizaba diez frecuencias diarias uniendo ambas costas del río Uruguay, confirmó la imposibilidad operativa de absorber dicho costo sin trasladarlo a un pasaje que ya cotizaba en ocho mil pesos por usuario.

Con la postura firme de los organismos de control de no intervenir en los contratos del privado, la reactivación del servicio requeriría que la empresa de colectivos asuma el pago de cinco mil pesos por cruce o que la concesionaria ceda de forma voluntaria. Ante el desinterés comercial de la firma de colectivos por reasumir los costos operativos de la ruta, al menos por ahora, las autoridades locales dieron por concluida la etapa del transporte público masivo entre ambas ciudades. 

Remises 

La caída definitiva del servicio de ómnibus obligó a una rápida reorganización del mercado de transporte en la frontera. Ante la necesidad diaria de estudiantes, trabajadores y comerciantes de cruzar el viaducto internacional, la demanda de conectividad está siendo absorbida en su totalidad por automóviles particulares, mediante el sistema de remises del lado argentino y choferes de aplicación en territorio brasileño.

Durante las deliberaciones en el recinto legislativo santotomeño, los ediles reconocieron que este esquema fragmentado se consolidó como la única alternativa de movilidad disponible en la región. Aunque el régimen de Tráfico Vecinal Fronterizo (TVF) mantiene la gratuidad del peaje para los vehículos particulares de residentes inscriptos de Santo Tomé y São Borja, los usuarios deben afrontar tarifas de traslado considerablemente más altas que las del extinto boleto de colectivo.

Esta brecha de costos genera un fuerte impacto económico en los vecinos que dependen del tránsito cotidiano entre ambas localidades. A pesar del encarecimiento del viaje, la falta de alternativas estatales o de nuevas licitaciones públicas de transporte dejó la integración binacional supeditada al transporte privado, cerrando un ciclo de siete años de servicio público directo sobre el río Uruguay.