Virginia Gallardo presentó un proyecto para elevar penas por delitos contra la integridad sexual
La diputada nacional Virginia Gallardo presentó un proyecto de ley para modificar el Código Penal y elevar las penas por delitos contra la integridad sexual. El texto cuenta con el acompañamiento de la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, y será debatido en el corto plazo.
Entre varias modificaciones, el texto propone que la acción penal prescriba después del máximo de la pena prevista para el delito con un mínimo de 2 años y un máximo de 15 años. Actualmente el Código Penal de la Nación establece un máximo de 12 años. En otras palabras, la iniciativa busca alargar los plazos de prescripción para este tipos de delitos.
A su vez, el punto central de este proyecto establece un aumento en las penas en las distintas tipificaciones del delito de abuso sexual: de 1 a 6 años de prisión cuando la víctima es menor de 13 años; de 4 a 12 años de prisión cuando el abuso constituya un sometimiento gravemente ultrajante; de 6 a 20 años cuando haya violación; de 8 a 22 años como agravante para abuso gravemente ultrajante con acceso carnal; y de 3 a 10 años como agravante del abuso sexual simple cometido por autoridad, parentesco o autoridad policial.
Además, el proyecto de la diputada de La Libertad Avanza busca regular los abusos sexuales cometidos contra adolescentes de 13 a 16 años cuando hay una relación desigual de poder, autoridad o madurez. En esos casos, propone elevar las penas que hoy son de 3 a 6 años de prisión a condenas que van desde los 6 a los 10 años.
Además de Gallardo y Rodríguez Machado, firmaron las libertarias Giselle Castelnuovo, Johanna Longo, Gladys Humenuk y Gabriela Flores; la presidenta del bloque radical Pamela Verasay; la cordobesa de Provincias Unidas, Carolina Basualdo; la sanjuanina de Producción y Trabajo, Nancy Picón Martínez; y la tucumana Gladys Medina.
En los fundamentos, la diputada oficialista explicó: "Las modificaciones propuestas responden a la necesidad de dotar de mayor coherencia al sistema, adecuar sus disposiciones a la gravedad de los delitos involucrados y nuestra decisión es evitar que el mero transcurso del tiempo, en determinados supuestos especialmente graves, pueda frustrar definitivamente la actuación de la justicia".
