El exjuez Soto Dávila, a juicio por el uso de vehículos incautados
Hay otros siete implicados. Todos están acusados de sustracción de automotores secuestrados en procedimientos. Los utilizaban de manera personal.
El exjuez federal Carlos Soto Dávila y otros siete implicados irán a juicio oral imputados por quedarse con vehículos secuestrados en distintos procedimientos y que lo destinaban para uso personal. Por el momento, no se dio a conocer la fecha del debate.
El Tribunal Oral Federal de Corrientes rechazó el juicio abreviado que habían acordado la Fiscalía y tres imputados, entre ellos uno por el que los fiscales pedían la liberación, al considerar que no estaba debidamente fundado. Días después, la Cámara Federal declaró inadmisible la casación del exjuez Carlos Soto Dávila contra su elevación a juicio.
El planteo apuntó contra una decisión anterior de la propia Cámara, que había confirmado el rechazo de un pedido de nulidad y de sobreseimiento a favor de Soto Dávila y había mantenido la elevación de la causa a juicio para todos los imputados.
El expediente investiga maniobras que ocurrieron entre abril y noviembre de 2016 en los trámites de entrega de bienes registrables dentro de otra causa del Juzgado Federal N.° 1 de Corrientes. Según la acusación, el propósito era sacar de la órbita de la administración pública vehículos que habían sido secuestrados con fines de decomiso y que estaban bajo custodia de funcionarios del juzgado, afectando la facultad del Estado de quedarse con bienes provenientes de un delito.
El fiscal federal pidió llevar a juicio a ocho implicados: Carlos Soto Dávila, Pablo Carlos Molina, Zacarías Miguel Issolio, Duylio Horacio Barboza Galeano, Roni Tunik, Renzo Meucci, Antonio Luis Villalba y Víctor Manuel Fernández.
Molina se encuentra preso desde el 1 de septiembre en Resistencia.
El 27 de agosto se conoció que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a 4 años de prisión para Molina, el exsecretario del Juzgado Federal de Corrientes, que utilizó una investigación por narcotráfico para ordenar escuchas ilegales sobre el teléfono de su esposa y el de un hombre con quien sospechaba que ella mantenía una relación.
