Diputados aprobó las leyes de propiedad privada y de discapacidad
La sesión se extendió hasta la madrugada de ayer y también incluyó proyectos sobre vandalismo rural y trazabilidad de medicamentos de alto riesgo.
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó en la madrugada de ayer una serie de proyectos impulsados por el oficialismo y otros bloques, en una sesión marcada por negociaciones parlamentarias, votaciones ajustadas y cruces entre legisladores. Entre las principales iniciativas, la Cámara Baja dio media sanción a la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y aprobó una nueva normativa sobre discapacidad. En cambio, el tratamiento del proyecto de endeudamiento familiar quedó interrumpido luego de que La Libertad Avanza impulsara su regreso a comisión.
La jornada legislativa, que comenzó el miércoles, se extendió hasta las 3.31 de ayer. Durante ese período también se aprobaron modificaciones al Código Penal para sancionar el vandalismo rural, un sistema de trazabilidad para medicamentos de alto riesgo y la transferencia gratuita de un inmueble nacional al Gobierno de Chaco.
La Cámara Baja aprobó por 124 votos a favor, 119 en contra y seis abstenciones el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, impulsado por el oficialismo. Para alcanzar la mayoría, La Libertad Avanza aceptó reincorporar las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, consignó Perfil.
La iniciativa, que ya contaba con media sanción del Senado, contempla cambios vinculados con las expropiaciones, los desalojos y la protección de la propiedad privada. Con las modificaciones introducidas durante el debate, el texto deberá regresar a la Cámara Alta para continuar su trámite legislativo.
Durante la discusión, desde el oficialismo defendieron la propuesta como una herramienta para limitar la intervención estatal sobre los bienes privados. En contrapartida, legisladores de la oposición cuestionaron distintos aspectos del proyecto, en particular los vinculados con las expropiaciones y las consecuencias que podría tener sobre las personas en situación de vulnerabilidad.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto contra el vandalismo rural por 162 votos afirmativos, 77 negativos y una abstención. La iniciativa, impulsada originalmente por el PRO, incorpora nuevas figuras penales al Código Penal con el objetivo de proteger los establecimientos rurales frente al ingreso no autorizado y los daños a la producción agropecuaria.
Uno de sus artículos incorpora el artículo 150 bis, que establece penas de prisión de un mes a un año para quien ingrese en un establecimiento rural, terreno o sus dependencias contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho a excluirlo. Esa voluntad se presume ante la existencia de cerramientos, vallas, muros, alambrados o señales que prohíban el ingreso.
El proyecto también incorpora el artículo 184 bis, que contempla sanciones para quienes provoquen daños a bienes vinculados con la actividad agropecuaria, como cultivos, ganado, silobolsas, paneles solares e infraestructura productiva. Según lo expuesto durante el debate, las penas podrán alcanzar los ocho años de prisión en determinados supuestos. Desde los bloques que respaldaron la iniciativa señalaron que la reforma busca brindar mayor protección jurídica a los productores y sus establecimientos. En cambio, legisladores del Frente de Izquierda cuestionaron el alcance de la propuesta y sostuvieron que podría reforzar la protección de grandes propietarios rurales.
Además, la Cámara Baja aprobó por 241 votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones la creación del Sistema de Trazabilidad de Medicamentos de Alto Riesgo y de sus Ingredientes Farmacéuticos Activos (IFA).
La iniciativa busca reforzar los controles sobre estos productos mediante un mecanismo que permita reconstruir su recorrido, desde la producción hasta su utilización, identificar lotes y determinar a qué pacientes fueron administrados.
El proyecto se impulsó tras la crisis sanitaria de 2025 vinculada con el fentanilo contaminado elaborado por HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, que provocó más de 100 muertes en el país.
El caso derivó en investigaciones judiciales y en la creación de una comisión especial de la Cámara de Diputados, cuyo informe final recomendó avanzar con mecanismos de trazabilidad para medicamentos críticos.
Durante el debate, legisladores coincidieron en la importancia de poder identificar el recorrido de los medicamentos ante eventuales nuevas contaminaciones.
