Corrientes aporta al Fondo Hídrico, pero no figura en las obras que asigna la Nación

El río Paraná alcanzó este viernes los 7 metros en la capital correntina, por encima del nivel de alerta (6,50 m) y en la cota de evacuación, según el último reporte del Instituto Nacional del Agua (INA). En Goya llegó a 6,09 metros, también sobre los umbrales de alerta y evacuación, y los niveles son altos también en Paso de la Patria, Itatí e Ituzaingó.

El Comando Operativo de Emergencias (COE) provincial advierte que el Niño 2026-2027 puede traer lluvias superiores a las normales en el Litoral y nuevas crecidas de los ríos Paraná y Uruguay.

Mientras tanto, la Provincia y los Municipios intervienen el canal 5, el Riachuelo y el arroyo Pirayuí, en la capital.

Estas son medidas necesarias, pero no reemplazan un programa federal de infraestructura.

Un impuesto que se paga, obras que no aparecen

La Ley 23966 establece que el 4,31 % de la recaudación del impuesto a los combustibles se destina al Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, creado para financiar obras, mantenimiento, control de inundaciones, saneamiento y recuperación de tierras productivas.

No existe una cuenta pública que permita saber cuánto de ese tributo se recauda solo en Corrientes. Pero cada correntino que carga nafta o gasoil lo paga bajo las mismas reglas que el resto del país, y por eso tiene derecho a reclamar que la política federal atienda su exposición hídrica.

El Informe 144 de la Jefatura de Gabinete detalla los pagos de 2024 y hasta julio de 2025. Figuran obras en Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Formosa, Misiones, San Juan, Santiago del Estero, Córdoba, La Rioja, Tierra del Fuego y Tucumán, además de sistemas nacionales. Corrientes no aparece como destino individualizado.

La misma respuesta oficial enumeró once obras a las que estaban afectados los recursos al cierre de julio de 2025.

Tampoco hay entre ellas una intervención correntina. 

Los datos no permiten afirmar que nunca hubo algún gasto nacional vinculado al agua en la provincia ni descartar movimientos posteriores. Sí muestran que Corrientes quedó fuera del listado oficial del fondo en el período informado.

Y es difícil no ver ahí una injusticia: los correntinos pagaron el impuesto nacional, pero su provincia no figuró entre las obras financiadas por el Fondo Hídrico.

Un fondo que recauda más de lo que ejecuta

Según el Ministerio de Economía, entre enero de 2024 y mayo de 2026 ingresaron al fondo $ 375.422 millones de recaudación tributaria. Los pagos de obras sumaron  $ 115.990 millones, apenas el 31 %.

La ejecución fue del 12 % en 2024, del 24 % en 2025 y del 63 % en los primeros cinco meses de 2026. Esa baja ejecución acumulada dejó una masa considerable de recursos sin convertirse en infraestructura.

Además, al 1 de junio de 2026, el fondo mantenía la mayor parte de su liquidez colocada en deuda del Tesoro nacional: las Lecap representaban aproximadamente el 85,5 % del total de disponibilidades e inversiones.

El Gobierno nacional, en vez de invertir en obras hídricas para Corrientes, invierte en sanear el Tesoro con las Lecap. 

Qué debería financiar la Nación

La ley no fija una cuota automática por provincia, de modo que la ausencia de Corrientes no prueba por sí sola una discriminación jurídica. Sí sustenta un reclamo político y territorial: la provincia aporta, soporta un riesgo reconocido y no figura en la cartera de obras.

El reclamo apunta a medidas concretas: incorporar a Corrientes a la programación del fondo, con proyectos ejecutivos, montos, plazos y responsables, financiar defensas costeras y obras de protección en localidades ribereñas, ampliar desagües pluviales y canales urbanos, y recuperar alcantarillas y pasos de agua, fortalecer las redes de monitoreo y alerta temprana.

Las prioridades deberían surgir de un plan maestro acordado entre la Nación, la Provincia y los Municipios, que contemple las cuencas del Paraná y del Uruguay, el río Corriente, el Riachuelo y las áreas rurales de difícil drenaje.

También corresponde que la Nación publique la inversión territorial del fondo, informe qué ocurrió con las letras vencidas en 2026 y fije criterios federales transparentes. 

Sin esa información, las provincias no pueden verificar si los recursos cumplen su finalidad.

Corrientes no pide un privilegio: exige que los recursos que aporta vuelvan en obras que protejan vidas y producción. Invertir antes cuesta menos que reconstruir después, y corregiría una exclusión que los correntinos consideran discriminatoria.