En Corrientes, 7 de cada 10 mujeres presas lo está por homicidio y la mayoría padecía violencia de género
Un Informe elaborado por la Red Corrientes Derechos Humanos y el Observatorio de Conflictos Sociales del Nordeste Argentino (OCSo-NEA), apunta a visibilizar el perfil de las "mujeres que la sociedad castiga con el encierro". De allí se desprende que el 70% de las detenidas están por causas de homicidio y que la mayoría fueron en contexto de violencia de género ejercida por sus parejas varones. El relevamiento llega a febrero de este año.
El OCSo-NEA es un registro sistemático, sincrónico y permanente de los conflictos sociales en las provincias del Nordeste Argentino y sus correspondientes análisis periódicos. Está formado por docentes e investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), nucleados actualmente en el Grupo de Investigación Sobre Conflictos Sociales (GrICSo), que trabaja desde hace una década en el análisis de la conflictividad en las provincias de Chaco y Corrientes a través de actividades de docencia, investigación y extensión.
El estudio analiza a la población femenina del sistema penitenciario bajo la premisa: "¿Por qué están privadas de la libertad estas mujeres en Corrientes?". Toma en cuenta los casos y testimonios de las mujeres alojadas en la única cárcel de mujeres dentro del territorio provincial, la unidad penal Nº3, “Instituto Pelletier”, por lo que se deja de lado a las que accedieron al beneficio de la prisión domiciliaria.
El Pelletier alberga a detenidas, procesadas y condenadas, a disposición de la justicia federal y provincial. De un relevamiento propio en base a testimonios de las mujeres detenidas y a información judicial/penitenciaria, surge que 7 de cada 10 están presas por homicidio, de estos el 60% fueron intrafamiliares, quedando acreditado para la Justicia que fueron cometidos en contexto de violencia de género o estrés posparto.
Casi todas las federales se encuentran en prisión por infracción de la ley 23.737 (estupefacientes) y cursan detenciones más cortas en relación a la población penal provincial. A febrero de 2021, la mayoría son procesadas y, de ser condenadas, serán trasladadas a unidades penales federales de otras provincias o recuperarán la libertad.
El informe señala que, en Argentina y el mundo, el encarcelamiento por delitos relacionados a las drogas ha ido en aumento paralelamente al incremento de la demanda y de consumidores. "La mujer presa por narcomenudeo lo hace por supervivencia ante su condición de vulnerabilidad socioeconómica", indica el texto y resalta que, según informes de organismos públicos, "se trata de jefas de familia, víctimas de violencia de género, en general detenidas por la policía provincial en barrios carenciados al regentar un kiosquito: el último eslabón en la cadena criminal que genera miles de millones todos los años".
De 23 condenadas con sentencia firme a febrero de 2021, 22 están por delitos provinciales: 16 por delitos contra la vida, 5 por delitos contra la integridad sexual y 1 por delito contra la propiedad. A la inversa de lo que ocurre con los presos varones, subraya el informe, los delitos contra la propiedad son los menos, al igual que la proporción de delitos sexuales, donde las mujeres juegan un rol de acompañamiento, “complicidad” o facilitación.
Los delitos contra la vida representan el 70% y más de la mitad de éstos fueron asesinatos de hombres que eran parejas o concubinos de las mujeres que ejercían violencia de género sobre ellas. El segundo motivo, dentro de esta figura, son las muertes de bebés en eventos obstétricos por embarazos no deseados, "y el imposible acceso a un aborto seguro por ser procedimiento ilegal al momento del hecho", señala el informe.
Estos registros no varían demasiado respectos a estudios sobre mujeres “criminales” de los últimos 100 años, donde las prácticas de la justicia penal, de los expertos en derecho y medicina y las representaciones sociales en la prensa, configuraron el destino carcelario de las llamadas “malas madres”, alejadas de la “condición femenina” de la época, subraya el estudio.
Los homicidios intrafamiliares son más frecuentes en la ruralidad, "indicando que la cultura machista se exacerba en los pequeños pueblos y localidades", señalan los investigadores. De un total de 22 condenadas por delitos provinciales, 17 (77%) son del interior. De 8 homicidios intrafamiliares, 7 ocurrieron en ese territorio (2 en Paso de los Libres, 1 en Mercedes, 1 en Goya, 1 en La Cruz, 1 en Saladas y 1 en Garabí) mientras que de 6 extrafamiliares, 4 fueron en la capital.
Con la sanción y puesta en vigencia de la ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo, "cabe preguntarse qué hubiera ocurrido con estas mujeres si -al momento de tomar conocimiento de un embarazo no deseado- hubieran tenido la posibilidad de acceder a ese derecho evitando la detención, condena, estigmatización, así como la destrucción de su núcleo familiar y sus redes solidarias", indaga el documento. Esto además de la carga económica para el Estado que supone mantener de por vida a una persona privada de su libertad.
"Para poder responder la pregunta inicial no sólo debemos reiterar el problema de la violencia de género sino también considerar cómo la ilegalidad del aborto operó a modo de arma punitiva sobre estas mujeres", consideran los autores del informe, ya que, si bien las causas son por homicidio agravado por el vínculo, "están directamente ligadas a la imposibilidad de decidir sobre sus cuerpos".
"A partir de ahora podemos empezar a pensar en torcer esa mirada patriarcal que reproduce y sostiene un sistema de desigualdades institucionalizado entre hombres y mujeres, reforzando estereotipos de género. Tenemos el desafío de permitirnos considerar una justicia con perspectiva de género donde aquellas mujeres que deciden no ser madres vean reconocido y garantizado su derecho sin ser prejuzgadas por valoraciones morales y/o convicciones religiosas", concluyen.
