Crece en las redes sociales la venta de terrenos fiscales y privados usurpados
El Pirayuí y el Doctor Montaña son los barrios en los que hay una mayor oferta. Los precios van desde los $ 25.000 hasta el medio millón de pesos. Advierten sobre posibles condenas de un mes a seis años de prisión.
Existe una amplia gama de ofertas de terrenos en la ciudad de Corrientes, aunque gran parte de ella se moviliza a través de canales informales y con algunas particularidades que pueden resultar riesgosas para el potencial comprador. Es que, a contramano del mecanismo de las inmobiliarias y de los mismos propietarios, existe un circuito que se encuentra por fuera de la ley, muchas veces ligado a la toma de tierras.
Las redes sociales (sobre todo Facebook con su espacio para la compraventa llamado Marketplace) son el ámbito en donde se encuentran ofertas de predios vendidos por personas que no son sus titulares. Los precios son variados, y van desde los $ 25.000 -valor llamativo para los que se manejan en el ámbito formal- hasta los $ 500.000. En el medio aparecen otros que pueden costar $ 100.000, $ 150.000 o $ 300.000.
En algunos casos, ofrecen los terrenos fiscales o privados que fueron usurpados con alguna precaria casilla construida o hasta con parte de una casa de ladrillos ya levantada y materiales para continuar con la edificación. En tanto, la mayoría cuenta con luz y agua, aunque algunos informan que los servicios deben ser pedidos a las entidades correspondientes. Las formas de pago varían desde los que deciden no financiar y piden el monto completo en efectivo hasta algunos que aceptan motos u otros bienes a cambio a modo de permuta.
"El Código Penal
establece una pena
de prisión que va
desde un mes
hasta seis años”DANIEL VARELA
ABOGADO PENALISTA
Si bien se trata de predios que se encuentran en diversos sectores de la ciudad, existen algunos barrios donde proliferan los predios fiscales a la venta, en diferentes condiciones y con distintos precios. El Doctor Montaña y sobre todo el Pirayuí son los sectores en los que se ve un mayor movimiento en este sentido, justamente donde se dieron tomas en los últimos años de manera masiva.
En la mayoría de los casos, las tierras son ofrecidas con títulos brindados por la Anses. Pero desde el organismo nacional aclararon que se trata solo de un certificado de vivienda expedido por el Gobierno para que las personas que habitan en asentamientos puedan gestionar servicios básicos como agua o energía eléctrica. Este papel no representa en ningún caso un título de propiedad, por lo cual su tenencia no habilita a poder comercializar tierras. Este beneficio se puso en marcha hace algunos años, y es solo para los que se encuentran en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).
En diálogo con República de Corrientes, el abogado penalista Daniel Varela comentó que “el delito puede tener consecuencias en lo civil y en lo penal”. Además, agregó que “el artículo 172 del Código Penal establece una pena de prisión para este tipo de delitos, que va desde un mes hasta los seis años”. Está estipulado allí cualquier caso en que una persona defraude a otra y también los falsos títulos.
Certificado de la Anses
El certificado de vivienda que emite la Anses se puso en vigencia hace algunos años, pero para un uso específico que no estipula la titularidad del terreno en cuestión.
Desde el organismo nacional informan que acceder a este papel permite solicitar y acceder a distintos servicios públicos como agua corriente, cloacas, energía eléctrica o red de gas natural.
Además, aclaran que es un requisito obligatorio que las familias hayan sido encuestadas en su domicilio en el Relevamiento Nacional de Barrios Populares (Renabap).
Los que no hayan participado de este proceso pueden solicitar primero ser encuestados, ya que de otra manera no podrán pedir el certificado, cuyo uso es limitado y no acredita titularidad.
